Hoy la política -y los políticos- es considerada el tercer problema en importancia del país. Y cada mes que pasa, aumenta el descontento de la ciudadanía con sus dirigentes. No me extraña, como no me extraña tampoco que en ese descrédito bastante generalizado de estamentos y grupos de toda índole los sindicalistas sean considerados unos caraduras, los banqueros unos golfos, los periodistas unos vividores indocumentados y los jueces unos primadonna.

Aquí puede aplicarse bien aquello de “entre todas la mataron y ella sola se murió”. La sociedad española vive un proceso de descomposición de la propia confianza y de pérdida de referencias. Tradicionalmente se señala a los políticos del actual estado de cosas, pero yo creo que todos somos en parte responsables de esa situación, desde el periodista que exagera voluntariamente una noticia al fontanero que se niega a pasar factura. Pero no todas las responsabilidades son iguales. No es lo mismo verse obligado a una jubilación anticipada en una empresa pública e irse a la calle con 55 años y con el 90% de sueldo que llevarse un millón de euros de indemnización tras presenciar sin mover un dedo la quiebra de una caja de ahorros. A la larga, quizá sea más oneroso para el erario público la suma de las miles de prejubilaciones de AENA o TVE que las indemnizaciones a los cincuenta banqueros de la burbuja. Pero una cosa es el efecto y otra la responsabilidad.

Esa diferencia entre efecto y responsabilidad es algo que se hace evidente también en relación con la Justicia: por ejemplo, en su discurso de apertura del Año Judicial 2012-2013, la fiscal jefe de Tenerife, Carmen Almendral, se refirió tangencialmente a la existencia de presiones políticas y económicas sobre jueces y fiscales, y recordó que “la Justicia está obligada a perseguir todos los delitos, los cometa quien los cometa”. El problema es que la fiscal jefe no aclaró si se refiere al estado general de pasmo que vive el país ante casos que implican a parientes de gente muy ilustre y a aforados con acumulación de privilegios, o si se refiere a alguna causa concreta de las muchas relacionadas con altos cargos de la administración que hoy pastorean los juzgados de las Islas. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que dice -o se supone que dice- la señora fiscal. Pero, si se han producido presiones políticas y económicas en los juzgados de Tenerife, debería ser más clara. Quizá así sería más fácil comprender por qué algunas causas se eternizan durante años, y en otras hay sentencia dos días después de la vista.