La Cámara debatirá el día 6 los presupuestos estatales

EFE | Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias celebrará un pleno monográfico el día 6 de noviembre para debatir las consecuencias del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 sobre las Islas, tal y como había solicitado el pasado lunes el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero.

Este fue uno de los asuntos tratados ayer por la Mesa y la Junta de Portavoces, informó el presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, quien explicó en rueda de prensa que este pleno extraordinario y monográfico se debe a la comunicación remitida por el Ejecutivo autonómico solicitándola.

Precisó que, cuando se debatió esta cuestión en la Mesa y la Junta de Portavoces, el grupo popular se manifestó en contra y solicitó que también se debatieran las iniciativas que al respecto han presentado esta formación y los grupos socialista y mixto.

Como consecuencia de la afección que, a juicio del Ejecutivo canario, producen las partidas estatales sobre las autonómicas, el Gobierno ha planteado además el que no se presenten las cuentas regionales. Algo que, según dijo Castro, desde el punto de vista institucional no implica “que haya nada que reprochar” y no supone problemas de “ilegalidad”.

No se puede prejuzgar nada, insistió el presidente del Parlamento, pues con el Estatuto de Autonomía “en la mano” los presupuestos son competencia del Gobierno y se estipula claramente que, si no se aprueban los de un año, se prorrogan automáticamente los del anterior.

Respecto al retraso para la presentación de las cuentas, Castro recordó que eso “no es novedad” ya que es habitual que las instituciones se las “salten” y, en este caso, el Ejecutivo canario considera que hay una situación excepcional.

Todos los grupos parlamentarios registraron también ayer una proposición de ley en la que piden prorrogar hasta el 31 de marzo de 2013 la ley de ordenación del turismo, que en principio expiraba el 13 de diciembre de este año, informó Castro

Esta iniciativa está relacionada con la decisión del Gobierno de pedir que no se tramite por la vía de urgencia el proyecto de ley de renovación y cualificación turística, como había solicitado inicialmente.

Como las directrices turísticas a las que sustituye esta normativa expiran el 13 de diciembre, se corría el riesgo de crear un vacío legal, por eso la decisión de esta prórroga.