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Canarias necesita el apoyo del Estado> Por Casimiro Curbelo*

Canarias es una región ultraperiférica, alejada y con un territorio fragmentado que, en consecuencia, necesita el apoyo del Estado. Así se han arbitrados leyes y mecanismos como el Régimen Económico y Fiscal (REF), cuya finalidad es propiciar el equilibrio con el resto del país, es decir, evitar que haya españoles de primera y de segunda. No lo tiene tan claro, sin embargo, el Gobierno de la Nación, que desde que se constituyó, hace poco menos de un año, demuestra, día tras día, que no tiene ninguna consideración hacia este Archipiélago o, lo que es lo mismo, no quiere a los gomeros, ni a los palmeros, herreños, tinerfeños, conejeros, majoreros o los residentes en Gran Canaria.

Pese a que siempre pone como excusa la crisis económica, difícil explicación tienen las decisiones del Ejecutivo central, y más difícil aun es que algún isleño entienda por qué se elimina la subvención a las energías renovables, cuando estas son clave para que podamos alcanzar un desarrollo sostenible.

Menos comprensible es que se plantee la supresión de las subvenciones al transporte aéreo o la subida de las tasas aeroportuarias, cuando dependemos de este medio para enlazar con el resto de las comunidades autónomas, el resto de Europa o el resto del mundo.

Y qué decir del cuestionamiento a las ayudas a la desalinización, imprescindible para la subsistencia de Lanzarote o Fuerteventura. Pero es que, además, el Estado ha efectuado un recorte de 170 millones de euros en las partidas destinadas a combatir el desempleo en las Islas, a sabiendas de que somos una de las autonomías más castigadas por el paro.

No se tiene en consideración la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara regional para que el Gobierno nacional cumpla con su compromiso de investidura y financie el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC).

Caso omiso se hace, igualmente, a la propuesta para que se ponga en marcha una estrategia específica para el Archipiélago con la colaboración del Servicio Canario de Empleo, de modo que haya recursos suficientes para ofrecer alternativas a ese 34% de la población canaria que no tiene trabajo.

Más de lo mismo en infraestructuras, pues de los 211 millones de euros firmados para carreteras en 2011, tenemos ahora 68; de 60 millones para obras hidráulicas, pasamos a 16,9; de 10 millones para proyectos ferroviarios tenemos sólo tres; de 45 millones para el desarrollo del REF pasamos a cero, como también nos quedamos con cero euros para infraestructuras turísticas y educativas, que en 2011 recibieron 42 y 40 millones, respectivamente.

Se castiga la educación pública con una nueva política de becas y una subida brutal de tasas universitarias, lo que se traduce en una pérdida de igualdad de oportunidades. Y mientras se sube el 12,6% la partida para altos cargos nacionales, se reduce en el 30% el presupuesto para Turismo que, de todos es sabido, es nuestro motor económico. La pretendida reducción de las administraciones, que se anuncia como solución a la crisis, pese a que no se haría efectiva hasta después de las elecciones de 2015, y que no tiene en cuenta el papel fundamental de las administraciones locales o la realidad de territorios reducidos como Canarias, es otro ejemplo del desapego nacional.

Las medidas aplicadas están suponiendo un desmantelamiento brutal del estado del Bienestar y un ataque a los derechos sociales, pues se ha retrocedido en el reconocimiento a la igualdad real entre mujeres y hombres, y se ha afectado a la sanidad con prácticas como el copago farmacéutico o la no financiación para nuevos centros sanitarios.
Sufrimos, en definitiva, el mayor atraco de los últimos 30 años a los intereses de Canarias. La reducción de las inversiones estatales en más del 50% suponen una vulneración de la Ley, la Constitución, el REF y todos los acuerdos suscritos. El ahogamiento político no tiene parangón ni perdón.

*PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA GOMERA