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Canarias pierde 2.400 profesores en cuatro años, según STEC-IC

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Las plantillas del profesorado en Canarias han perdido 4.200 docentes entre el año 2008 y 2012, según el sindicato STEC-IC, quien ha hecho un llamamiento al profesorado interino a organizarse junto a todos los docentes para impedir los despidos masivos y reclamar al Gobierno autonómico un plante frente al PP, retándolo a unirse a las protestas de las comunidades educativas.

Desde el curso académico 2008 al 2010, según señala el sindicato en una nota, la Consejería de Educación despidió a 1.200 docentes; en el curso 2011 se produjeron alrededor de 700 jubilaciones sin que hubiera empleo público, y en el año escolar 2012 la cifra de jubilaciones ascendió al menos a 500 enseñantes cuyas plazas no se cubrirán. A todo esto se suma el empeoramiento de las condiciones laborales de los interinos y el incremento de los contratos basura, añade el STEC-IC.

El sindicato advierte que la disminución “drástica” de las plantillas provoca “el despido de docentes, el empeoramiento de la calidad educativa para el alumnado y la sobrecarga laboral del profesorado que continúa en el sistema educativo”.

Asimismo, añade que el incremento del horario lectivo del profesorado, la cobertura de las bajas cortas de un docente por los propios compañeros del centro educativo afectado son sólo algunos elementos más que repercuten en la disminución del número de profesorado de la enseñanza pública de Canarias.

El STEC-IC considera que la política educativa del Gobierno y la contrarreforma de la nueva Ley Orgánica de educación (LOMCE) “empeoran” las condiciones laborales y profesionales del profesorado, provocando “movilidad y traslados forzosos, despidos masivos, y los docentes podrán desempeñar funciones en una etapa o enseñanza distintas de las asignadas a su cuerpo con carácter general”.

En consecuencia, el sindicato reclama al Gobierno de Canarias políticas fiscales y recaudatorias alternativas que no supongan dependencias externas ni práctica de recortes, y reta al Ejecutivo a cesar en su “política de deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos” y a unirse a las protestas de las comunidades educativas por la defensa de la calidad de la educación pública y en contra de los despidos.