EFE | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias interpondrá el próximo día 28 un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el Real Decreto Ley 1-2012 de 26 de enero que cambió el régimen de primas sobre las renovables, por las consecuencias que su aplicación tiene sobre el archipiélago.

La viceconsejera de Industria y Energía de la comunidad autónoma, Francisca Luengo, ha recordado ese decreto supone la paralización de los proyectos que ya estaban adjudicados en las islas, lo que conlleva la pérdida de 600 millones de euros en inversiones y de 6.300 puestos de trabajo.

Luengo atribuye a “razones personales y políticas” la negativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a conceder las primas a las energías renovables, pues, desde su punto de vista, no existen motivos económicos ni jurídicos.

Sobre la posibilidad de que Canarias disfrute de un régimen singular para las energías renovables antes de fin de año, como han anunciado altos cargos del Ministerio, la viceconsejera ha subrayado que, cuando se gobierna, “solo hay que tomar en serio las decisiones oficiales, no las que se comunican a través de la prensa”.

“Esperamos que (el recurso) sea admitido, porque vamos a demostrar con datos que ese Real Decreto Ley no tiene razón para Canarias y, aunque podría tenerlo para la península, en el archipiélago va en contra de los objetivos que persigue, que es reducir el déficit tarifario”, ha agregado.

Desde que se conoció esa decisión del Gobierno, el Ejecutivo canario ha reclamado un régimen especial para las islas, ya que el archipiélago la producción de electricidad con energías renovables resulta más barata que con combustibles fósiles, al contrario que en la península.

En la misma línea, Francisca Luengo ha defendido hoy que Canarias sí reduciría el déficit tarifario con un régimen singular a favor de las renovables y, asimismo, ha apuntado que esa contradicción la pondrá de relieve el Tribunal Constitucional en beneficio de todos los canarios.