TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, se despidió ayer del Parlamento autonómico (tras siete años de presentar a los diputados una memoria anual de actuaciones) insistiendo en lo censurable e indeseable “desde cualquier punto de vista” que suponen los retrasos en la administración de la Justicia, cuya causa encuentra “en la escasez de medios humanos y materiales”.
Castro no dudó en felicitar a los profesionales, a los que responsabilizó de los buenos resultados en cuanto a los porcentajes de resolución de casos, pero también recordó que la necesaria modernización pasa por un replanteamiento tanto funcional como territorial, en clara alusión a la ansiada nueva oficina judicial y a los planes ministeriales para redistribuir los partidos.
De hecho, fueron generalizados los elogios a Castro Feliciano, que abandonará su alto cargo este año, por parte de los grupos parlamentarios. Tanto el fiscal Manuel Fajardo (PSOE) como el magistrado de la Audiencia tinerfeña Emilio Moreno (PP) o el exconsejero autonómico de Justicia José Miguel Ruano (CC) tuvieron palabras de reconocimiento para el grancanario.
Por lo que respecta a la intervención de Castro Feliciano, expuso nuevamente la Memoria correspondiente a 2011, ya conocida, en la que cabe destacar que la tasa de litigiosidad es de las más altas de España, con 203,9 asuntos por cada mil habitantes, sólo superada por Andalucía y Madrid. Por contra, en el año 2011 se ha resuelto un 2,50% más de asuntos, rebajándose la pendencia en un 11,33% respecto del mismo periodo.
Chequeados tales datos con los grupos parlamentarios, Castro Feliciano aclaró que muchas de las demandas materiales se habían podido subsanar en el intervalo de tiempo transcurrido, aunque destacaron críticas graves por el estado de la sede de la santacrucera calle de San Francisco (“con las redes colocadas para evitar desprendimientos”) y otras singulares como la ausencia de bandera en Valverde (“para distinguir a los juzgados de los edificios colindantes”) y que se reclama desde 2010.
Lejos de minimizar los problemas, Castro Feliciano disculpó algunos (“San Francisco da pena por fuera y no respeta la accesibilidad, pero es de titularidad municipal”) pero afrontó otros, entre los que cabe destacar el colapso en los juzgados de lo penal de la capital tinerfeña, donde aseguró que faltan al menos dos unidades judiciales más.
Por último, el presidente del TSJC se mostró conforme con un replanteamiento de la “obsoleta” distribución territorial de las unidades y partidos judiciales para poder modernizar el servicio que se presta a los ciudadanos, para corregir la excesiva dispersión y poder unificar unidades especializadas, tal y como propugna el propio Consejo General del Poder Judicial.
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Jueces y fiscales inician sus movilizaciones
Los jueces y fiscales comenzarán el próximo 2 de noviembre medidas de “autorregulación” que supondrán el cumplimiento estricto de su horas de audiencia y la tramitación de un volumen razonable de asuntos en los juzgados para mostrar su rechazo a la reforma de la Justicia, propuesta por el Gobierno. En la práctica, ello supondrá que sólo celebrarán cuatro horas de juicio al día, según detallaron expertos a este periódico.
En la hoja de ruta expuesta ayer, las asociaciones de jueces y fiscales han incluido una concentración el próximo 23 de noviembre para ejercer su “derecho de petición” ante el Ministerio de Justicia.
Además, han planteado la creación de un turno especial para resolver de forma adecuada y sin demoras las acciones ejercidas por entidades bancarias, tales como ejecuciones, lanzamientos, embargos y desahucios, que han motivado un incremento “espectacular” de asuntos en los juzgados en el actual contexto de crisis.
Los jueces y fiscales no han descartado la convocatoria de una huelga indefinida.[/apunte]