EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma
La puesta en marcha del Complejo Ambiental de La Palma, que en solo dos meses de gestión ha procesado más de 6 toneladas de basura, constituye una recurso fundamental para conseguir la reducción de los delitos medioambientales en materia de residuos, que año tras año se han venido produciendo en la isla de La Palma y que son objeto de denuncia por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Así lo espera el Decano de la sección territorial de La Palma de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Vidal Beneyto, quien expresó su satisfacción por la puesta en uso de esta instalación. “Si hay una correcta gestión de los residuos se van a producir menos infracciones, ya sea por parte de particulares que en tal caso tendrían una responsabilidad administrativa o bien por entidades que llevan a cabo la gestión de los mismos”. Detalló que “la coordinación en el tratamiento de los residuos favorece que estos delitos se reduzcan” al tiempo que concretó que si bien en el pasado se han registrado en La Palma delitos contra el medio ambiente que se pueden considerar importantes, con vertidos altamente contaminantes, actualmente “hay algunas incidencias, algunas investigaciones en marcha, pero no por vertidos importantes”.
Según los datos facilitados por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), que dirige Emiliano Coello, las infracciones en La Palma por el vertido de residuos se redujeron en solo un año en un 66%, pasando de los 180 delitos por este concepto durante los doce meses del 2010 a los 67 que se contabilizaron y denunciaron el pasado año 2011. Asimismo, en los primeros ocho meses del año en curso, el número de infracciones por vertido de residuos es de 42.
Función preventiva
Tal y como recordaron fuentes autorizadas de la agencia a este rotativo, el organismo llevará a cabo una función preventiva en esta materia a fin de mejorar la protección de la legalidad urbanística, territorial y medioambiental. Este fue uno de los principales acuerdos tomados por la Asamblea y el Consejo de la APMUN reunidos recientemente. Así, el acuerdo pasa por fortalecer el “asesoramiento técnico y jurídico a los ciudadanos y colectivos sociales, generando la información y los instrumentos que sean necesarios para evitar la vulneración de la normativa”. Por otro lado, “se llevarán a cabo acciones formativas e informativas que redunden en beneficio de estos objetivos mediante la cooperación y coordinación con otras administraciones”.