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El Consejo del Poder Judicial alerta del aumento “alarmante” de secuestros de menores

EUROPA PRESS | Salamanca

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha constatado este lunes el crecimiento “alarmante” del secuestro de menores que, afirma, en la mayor parte de los casos se producen durante procesos de separación de los progenitores. Moliner ha abogado por articular “instrumentos internacionales” que protejan a los niños.

“La mayoría de los casos se produce durante los procesos de separación de los progenitores, o cuando se patentiza una situación de crisis previa a la separación o divorcio, en esos supuestos, el secuestrador tratará de obtener una decisión judicial favorable que litime esa sustracción, provocando conflictos de competencia judicial internacional para lograr la custodia del menor”, ha aseverado.

Ante estas situaciones, “el Derecho dispone el efecto de instrumentos tales como las peticiones de extradición en virtud de convenios suscritos entre estados, o en su defecto en virtud del principio de reciprocidad”. Dicho esto, Moliner ha abogado por “articular instrumentos internacionales que protejan íntegramente a los menores”.

Gonzalo Moliner ha hecho estas manifestaciones en el VII Encuentro Transfronterizo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de la magistratura de Portugal que se celebran durante los últimos días, 8 y 9 de octubre en Salamanca. El objetivo es poner en común “problemas, ideas y soluciones” para cuestiones que “preocupan” a jueces y magistrados de ambos países.

En la inauguración, Moliner ha destacado la importancia de la celebración de este tipo de actos para buscar la “cooperación” y ayudar a solucionar problemas que afectan a ambos lados de la frontera peninsular.

Colaboración en investigaciones criminales

En su intervención, ha destacado la labor de los equipos conjuntos de investigación, que es “un modelo idóneo para abordar las investigaciones criminales transfronterizas”. Además, ha abogado por la “confianza” entre estados, promoviendo la ejecución “prácticamente automática” de las resoluciones judiciales dictadas por otros estados.

“El diseño de cómo deben desarrollarse las relaciones entre los sistemas jurídicos penales, debe ir dirigido al arresto y entrega del delincuente, y también a la localización, recuperación y repatriación del producto del delito, pues la restitución a las víctimas es un fin prioritario”, ha añadido.

Entre otros asuntos, ha mostrado su interés por la modernización de la Justicia con la organización de juzgados y tribunales, la racionalización de recursos humanos, la simplificación de procedimientos y reformas, y el uso generalizado de nuevas tecnologías.

En tiempos de crisis, “es el momento de optimizar recursos” hasta alcanzar una justicia “electrónica”, que “indudablemente facilitará la cooperación judicial” y provocará “una agilización en la tramitación de procedimientos”.

Así lo ha señalado en compañía, entre otras autoridades, del presidente del Consejo General de la Magistratura de Portugal, Luis Antonio Noronha, vocales de los consejos organizadores de España y Portugal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.