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Cuestionan al Gobierno gastar 55.000 euros en ver si las empresas pueden anticipar obras en colegios

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

La presidenta de los constructores de Las Palmas, María de la Salud Gil, ha expresado hoy su “sorpresa e indignación” porque el Gobierno canario encargue a una consultora un informe por 55.000 euros para verificar si la empresa privada puede prefinanciar obras en colegios públicos.

Ya que ésa es una fórmula cuya viabilidad ha confirmado hace años su organización, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), que además firmó el pasado mes de abril con el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, un convenio marco que posibilita precisamente que entidades privadas puedan anticipar el pago de infraestructuras públicas.

En ese contexto, Gil ha declarado a Efe que “es intolerable que se haga ese gasto en un informe innecesario”, después de que se anunciara ayer que la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo ha encargado ese estudio.

Anuncio que hizo en el Parlamento el vicepresidente y consejero de Educación del Ejecutivo, José Miguel Pérez, quien dijo que la Comunidad Autónoma necesita 100 millones de euros para obras de infraestructura nueva en los centros educativos pero no los tiene, de manera que está estudiando la vía de que la iniciativa privada las prefinancie.

Añadiendo que esta fórmula podría abordarse solamente si no supusiera un mayor endeudamiento en las cuentas públicas, porque entonces sería “una vía abierta para responder a la demanda de infraestructuras educativas”, y que eso es lo que se está analizando en el informe encargado a la consultora.

Sus palabras le han parecido, “cuando menos, increíbles”, a la presidenta de la AECP, quien considera “inexplicable que, si se desea pedir la ayuda de la empresa privada, no se acuda directamente a su representación, a las organizaciones del sector, en vez de gastar un dinero innecesario”.

Y más aún cuando, en este caso concreto, las dudas que se pretenden resolver ya estaban aclaradas por su patronal y los cauces para entablar la relación entre la iniciativa pública y la privada que ha dicho desear Pérez “ya existían, de hecho, con el convenio suscrito con el presidente del mismo gobierno del que él forma parte”, ha recalcado María de la Salud Gil.

“No sé si es que no se comunican entre ellos o qué pasa”, ha señalado al respecto la dirigente empresarial, quien ha cuestionado que el Gobierno “haga un gasto de 55.000 euros que no hacía falta para nada”.

Y ha agregado que actitudes como las del Ejecutivo generan sentimientos de “decepción” e “impotencia” y desaniman a los empresarios, en la medida en que “retrasan la oportunidad de poder participar en esto”, cuando también los constructores tienen deseos de hacerlo.

Por todo lo expuesto, la presidenta de la AECP ha pedido al Gobierno, y en especial a su vicepresidente, que “actúe de forma eficiente” y que “tenga la humildad de dirigirse a los interlocutores adecuados, los empresarios”.