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Desahucios> Por Leopoldo Fernández

Tras los suicidios y los intentos de quitarse la vida de unos cuantos ciudadanos en distintas partes de España, el Gobierno parece decidido a reformar cuanto antes el Código de Buenas Prácticas sobre desahucios, aprobado en marzo pasado con la idea de ayudar a los deudores de las entidades bancarias antes de proceder a lanzarlos de sus hogares o locales de negocio. Esta medida, a la que se adhirieron los principales bancos del país, se ha mostrado ineficiente en la mayoría de los 532 casos de desalojo que, como promedio, se presentan cada día en el conjunto de España.

Según datos oficiales, durante el primer semestre de este año los juzgados han dictado 95.000 desahucios forzosos y desde el comienzo de la crisis, en 2007, la cifra supera ya los 350.000. Y ni la restructuración de hipotecas, la quinta de parte de la deuda y la dación de pago han logrado evitar que parados, desfavorecidos sociales, ancianos pensionistas, enfermos o personas en situación de pobreza y necesidad sobrevenidas puedan resolver sus problemas económicos ni, en general, mantener las viviendas en que se alojan. Todo un drama social que lleva a muchos ciudadanos a la desesperación e incluso, como se ha comprobado, al suicidio. Una comisión de magistrados designados por el Consejo General del Poder Judicial que ha estudiado el problema durante varios meses considera que dicho código “no ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.

De ahí que proponga reconducir la ejecución hipotecaria además de reclamar que las ayudas públicas concedidas a la banca se completen con otras para los particulares. Algo hay que hacer, y cuanto antes, para mitigar la situación existente y repartir las cargas sociales derivadas de la crisis, “que hoy -dicen los magistrados- afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El Gobierno, que tanto ha ayudado a bancos y cajas, no puede permanecer impasible cuando miles y miles las familias pierden la vivienda propia e incluso caen en una insolvencia y una desesperanza que seguramente arrastrarán el resto de su vida. Y es el propio Gobierno el que legalmente puede dictar medidas políticas, económicas y sociales para proteger a los más débiles, sobre todo cuando, en nombre de la crisis, ya lo ha hecho con los más fuertes, encarnados en las instituciones financieras. Así que, cuanto antes, lo que se necesita es imaginación, solidaridad y justicia. Aunque solo sea para evitar males mayores.