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El desprestigio de los políticos> Por Jaime Rodríguez-Arana*

Las últimas encuestas del CIS reflejan algo que no por reiterado deja de sorprender. La ciudadanía piensa, ahora con más intensidad, que la clase política es un gran problema colectivo. Se trata del peor registro que cosecha este colectivo desde la transición democrática en España. Los escándalos de corrupción que a diario salpican a los partidos y ocupan las portadas de periódicos y telediarios no ayudan a la necesaria dignificación de la política.

Por si fuera poco, la desfachatez con la que mes a mes se castiga a las llamadas clases medias y bajas del país, dedicándoles el esfuerzo impositivo de muchos ciudadanos, junto a la bajada de sueldos en la función pública para nutrir un entramado de organismos innecesarios, es, desde luego, un motivo que justifica, no sólo el desprestigio de la actuación de los políticos, sino también la subida preocupante de la abstención en el último sondeo del instituto gubernamental encargado de pulsar periódicamente la opinión del pueblo. El personal no aprecia en la clase política la ejemplaridad y la sensibilidad social de que debiera hacer gala en una situación de grave crisis como la que atravesamos. Ni estamos contentos con el gobierno ni con el principal partido de oposición.

El 56,1% opina que la gestión del gobierno es deficiente y el 57,1% piensa que el principal partido de oposición no está a la altura. La abstención asciende un 5%. El partido que sostiene al gobierno se deja en el camino más de 10 puntos con tendencia a la baja, y la oposición no es capaz de capitalizar dicho descontento. Algunos piensan que la causa de la crisis está fuera: en el Banco Central Europeo o en los astutos inversores que están haciendo su agosto ante la inactividad de la regulación financiera a nivel internacional. Tienen, es verdad, una parte importante en la cuota de responsabilidad de lo que nos acontece.

Sin embargo, hemos de mirar al interior de nuestro sistema político, económico y social. No para alterarlo sustancialmente: para mejorarlo, para rectificar el rumbo del modelo autonómico convirtiéndolo en lo que debe ser, un esquema de descentralización eficaz para realizar políticas propias que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para eso hemos de alcanzar pactos y acuerdos políticos de envergadura que faciliten una reforma constitucional que debe entrar a fondo en el reparto competencial y en un mejor tratamiento de los Entes locales. Por otra parte, los partidos deben también acordar medidas de regeneración de la vida política para que la participación ciudadana sea real. Medidas que deben pasar por su autofinanciación y, sobre todo, por la democracia en la organización y el funcionamiento de estas instituciones, hoy, por alguna razón, las consideradas más corruptas por la ciudadanía. El tiempo pasa y la abstención crece.

*CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO / jra@udc.es