Quizás convenga recordar los orígenes internáuticos de la convocatoria que finalmente, después de varias metamorfosis programáticas, se celebró el pasado 25 de septiembre en Madrid. El lema no era por entonces, mediado el mes de junio, Rodear el Congreso, sino Ocupar el Congreso, como podrá atestiguar cualquiera que no proceda con mala fe. Y los textos que se podían leer en algunas webs eran perfectamente coherentes con esta llamada a la opereta revolucionaria. Se trataba, en aquellas fechas tempranas, de obstaculizar el normal funcionamiento de la Cámara Baja e incluso, según se podía leer en algunos foros, irrumpir en la misma y pedir, como heroicos asnos de Pavía, la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constitucional. Con sinceridad, si una propuesta similar hubiera sido difundida digitalmente en Gran Bretaña, Francia o Alemania, estoy seguro que las respectivas policías de estos estados democráticos hubieran puesto en marcha una investigación en toda regla sobre sus impulsores, apologetas o financiadores. Por fortuna, la convocatoria fue derivando, en su propio debate interno, en una manifestación ajena a cualquier propósito de desestabilización institucional.
Y por eso mismo el juez Pedraza, magistrado de la Audiencia Nacional, no encuentra ningún indicio de delito en los detenidos por la Policía Nacional. No ha quedado demostrado que los imputados intentaran interrumpir el normal funcionamiento del Congreso de los Diputados en ningún momento: se limitaron a ejercer un derecho constitucional y no se dedicaron a conspirar contra las instituciones del Estado. Así se ha archivado la causa. Pedraza, sin embargo, ha incrustado en su auto una observación tan personal como superflua: la justificación de las manifestaciones de septiembre por la “convenida decadencia de la llamada clase política”.
Varios dirigentes del PP han insultado ayer abiertamente al juez Pedraza. Uno incluso lo ha llamado “pijo ácrata”. Y esto es lo peor de todo el asunto. Comprobar que la pulsión autoritaria y la ilimitada arrogancia de la derecha española supera cada día un límite que el sentido común democrático consideraría infranqueable.