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A estudio la sentencia que anula la licencia para la planta de asfalto

Planta asfalto Los Llanos de Aridane
La indemnización a la empresa, una amenaza para las debilitadas arcas locales. / DA

EUGENIA PAIZ | Los Llanos de Aridane

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha encargado a los servicios jurídicos municipales que elaboren un estudio detallado sobre “la repercusión” de la sentencia judicial que ha anulado la licencia de apertura de la planta de asfalto Ruiz Romero, SL, en el Callejón de la Gata, otorgada en 2009 por el exalcalde Juan Ramón Rodríguez Marín, ahora en la oposición.

El teniente de alcalde, José María de Vargas, detalló que “ahora mismo” no se plantean “siquiera si el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia, sino la gran trascendencia que tiene”. Asegura que “con esta nueva situación y más allá de lo que ponen los cuatro folios del fallo judicial, habrá que hablar con el Cabildo sobre el Plan Insular de Ordenación Industrial”.

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, que se reunirá a lo largo de hoy viernes con sus socios de Gobierno, el Partido Socialista, se mostró prudente y aseguró en declaraciones a este rotativo que “aunque no tenemos registro de entrada de la sentencia en el Ayuntamiento, los servicios jurídicos y la oficina técnica están valorando la resolución para poder decidir cómo vamos a actuar”.

El temor a una indemnización millonaria a la empresa Ruiz Romero, SL, planea sobre el grupo de Gobierno como una amenaza a la que, en virtud de la recesión económica actual, no sabrían cómo hacer frente.

Las exiguas manifestaciones de los miembros del grupo de Gobierno se podrían interpretar como un mecanismo para evitar contradecir las posiciones políticas defendidas durante los últimos tres años sobre la instalación de las controvertidas plantas de asfalto. Pese a ese intento de reserva, el mutismo es roto extraoficialmente por fuentes del propio equipo municipal para dejar caer “la desprotección que puede sentir el empresario con respecto a otras empresas como la Refinería en Tenerife o las machacadoras de El Paso o Fuencaliente” dado que “estas industrias y otras muchas están a menos de 2.000 metros de núcleos de población”, como ocurre con otras en algún otro municipio palmero y en sus respectivas zonas industriales.

Más allá de la indemnización a Ruiz Romero, que algunos juristas calculan solo en la inversión material llevada a cabo caso de que no se recurriese la sentencia, y en caso de que los tribunales volvieran a quitar la razón al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, la segunda planta de asfalto propiedad de Unaspa, cuya instalación estaba proyectada en la zona industrial, quedará en suspenso. Los miembros de la Plataforma contra las plantas de asfalto hablaban este jueves de un “rotundo éxito”.

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Contencioso

Argumentos de peso. La licencia ahora anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, una de las más controvertidas de la historia de la isla de La Palma contra la que se han movilizado miles de vecinos del municipio de Los Llanos de Aridane, es contundente. El tribunal da por probado, sin entrar a valorar cuestiones como la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, o que “en el arco de los 500 metros alrededor de la planta asfáltica existen 90 viviendas y cinco colegios públicos”. Queda probado además que cerca de esa planta de asfalto, a la espera de iniciar su actividad desde hace algo más de tres años, “existe mucha más población dentro de la distancia de 2.000 metros”, detallando que “no se trata de viviendas dispersas sino de núcleos de población”, entre los que cita a Tajuya, Todoque y La Laguna”.

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