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Fernández Ordóñez – Por Luis Ortega

Hablamos aquí del fallecido Francisco -no de MAFO, el gafado gobernador del Banco de España que, como Rato, el salvador de Bankia, y Zapatero, el causante de todas nuestras cuitas, y de otros prebostes, que fueron arrollados por la marabunta de la crisis-, uno de los actores determinantes de la transición, padre de leyes tan necesarias y determinantes como el divorcio y la reforma fiscal, que, como era natural, toparon con los sectores reaccionarios del país. Pero, ahora, nunca es tarde si la dicha es buena, el Gobierno de Paulino Rivero se sumó a las nueve comunidades autónomas que, con anterioridad y por coherencia, sentido común, y, sobre todo, para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2009, ordenó para el próximo 31 de diciembre el cierre de las Oficinas Tributarias explotadas comercialmente por registradores de la propiedad que, en contra de los principios que inspiraron la Constitución, mantenían contra corriente esta sustanciosa prebenda franquista. Esta medida, dilatada por intereses propios, completa los aspectos pendientes de la reforma fiscal y de su maltratado inspirador porque aquí, como en los títulos de Lope de Vega, la venganza va más allá de la muerte. Resultan obvias las razones, pese a las protestas y dilaciones, porque los registradores son funcionarios estatales, incompatibles con cometidos tributarios de las comunidades, según ley de 1984; en segundo lugar, por la sentencia judicial europea que condenó al Estado español a pagar el IVA -IGIC en las Islas Canarias- devengado por los registradores como liquidadores tributarios. Además, el Gobierno canario puede cumplir la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, realizando actuaciones y pagos sin necesidad de desplazamientos físicos de personas y documentos. La, digamos, oficina virtual de gestión tributaria es infinitamente más barata y ágil que las actuales; permite al ciudadano la consulta previa y saber exactamente los costes los costes de la liquidación con anticipación. Por último, en las difíciles circunstancias que atravesamos, no se puede castigar al ciudadano como consecuencia de un conflicto de intereses por el ejercicio simultáneo de registrador de la propiedad y liquidador tributario, en base a una ley del año 1957 sostenida inexplicablemente por gobiernos democráticos, que son aquellos que, en teoría, procuran el interés general.