EL ROSARIO > ‘CASO VARADERO’

La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para Macario Benítez, Mora y la secretaria

V. P. | El Rosario

La Fiscalía ha entregado ya a la juez del caso Varadero su escrito de conclusiones definitivas, en el que pide la apertura de juicio oral y la imposición de una pena de ocho años de inhabilitación para ocupar cargo o empleo público al alcalde de El Rosario, Macario Benitez; a la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora -ambos del PSOE- y a la secretaria del Ayuntamiento, María Anita Alonso Martínez.

La fiscal, Inmaculada Violán, considera a los acusados autores de un delito de prevaricación administrativa, por tramitar y aprobar de forma “arbitraria” en 2004 el plan parcial de Varadero para construir casi mil viviendas entre Tabaiba y Barranco Hondo, “con plena conciencia” de que era ilegal.

Y ello es así porque -como acreditaron además sentencias judiciales dictadas en 2006, 2007 y 2011- esta operación urbanística debió quedar suspendida desde 2001 en aplicación de la Ley de la Moratoria y porque los terrenos en cuestión -si bien eran urbanizables en el planeamiento del municipio- fueron protegidos en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) como rústicos por sus valores medioambientales.
A los tres acusados, la fiscal pide además que se les abra el correspondiente procedimiento de responsabilidad civil. El PIOT es un plan del Cabildo, institución en la que Mora ejer- ce en la actualidad como consejera de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas.

El Ministerio Fiscal propone, en cambio, retirar los cargos al resto de los ediles del gobierno local de entonces, al entender que “pudieron obrar simplemente en consonancia con la información que les fue facilitada por los tres acusados e informes jurídicos favorables que acompañan al expediente”.

En su escrito, la Fiscalía hace hincapié en que “todos y cada uno de los informes técnicos y jurídicos que fueron emitidos o recabados por o desde la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario con carácter previo a la Ponencia Técnica de la Cotmac [el 27-11-2002, en que se iba a tratar El Varadero] fueron de contenido desfavorable a la tramitación del plan parcial”. Y concluye que “el alcalde, actuando con pleno conocimiento” de ellos, envió un fax a la Cotmac para paralizar el expediente y aprobar luego el plan parcial por silencio administrativo en 2004.

La Fiscalía pide que declaren 19 testigos, entre empresarios, cargos y excargos públicos y técnicos; entre ellos el promotor, Amador Díaz; el arquitecto del plan parcial y del Plan General, Alberto Luengo; el exdirector general de Urbanismo ( ahora gerente de Gesplan), Rafael Castellano; así como los denunciantes de este caso por vía contencioso administrativa y penal, los concejales de IR-Verdes Escolástico Gil y Jacinto Correa. Ambos ediles, durante la tramitación del plan parcial, advirtieron de forma reiterada en los plenos sobre su ilegalidad.