TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de España se implicó ayer a fondo en la investigación de la trama de los niños robados e informó a una delegación de las distintas asociaciones de afectados una batería de medidas para desentrañar las incógnitas que rodean a esta actividad criminal que se prolongó al menos durante seis décadas en nuestro país. Dicha delegación contó con representación canaria -la letrada tinerfeña Natalia Domínguez-, dado el relevante papel que al parecer ha jugado en la trama el Archipiélago, donde ya se han presentado cerca de un centenar de denuncias.
Lo cierto es que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (PP), sorprendió gratamente a los asistentes con la publicación, ayer mismo, de una Orden Ministerial (2146/2012) por la que se crean “determinados ficheros de datos de carácter personal relacionados con los supuestos de posible sustracción de recién nacidos y se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información”.
Además de esta herramienta, básica para poder cotejar los datos de distintos afectados y así cotejar posibles coincidencias, también nacerá en breve una aplicación informática que será coordinada por personal del Ministerio de Justicia y a la que, por ejemplo, podrán subirse los datos obtenidos en pruebas de ADN. Ello satisfará uno de los grandes anhelos de los afectados al unificar estas muestras bajo control público, que validará las pruebas privadas.
Precisamente, otra de las grandes novedades anunciadas ayer por el Ministerio es la gratuidad de la primera prueba de ADN
-siempre hacen falta dos- para los afectados que así lo soliciten.
Oficina y delegaciones
Además, el número 8 de la madrileña calle de La Bolsa acogerá desde primeros de diciembre una oficina de orientación para las víctimas.
Precisamente fue en este punto donde se dejó notar la presencia canaria, dado que la abogada Natalia Domínguez lamentó lo insuficiente que resultaría esta oficina en la capital de España desde la perspectiva de los afectados del Archipiélago.
A este respecto, los portavoces del Ministerio hallaron una respuesta al problema explicando que, a la espera de la creación de oficinas en zonas lejanas como Canarias, serán las dependencias de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España las que tendrán que prestar este servicio.
Pero aún hay más: se crearán grupos de forenses especializados para que las exhumaciones que se requieran se lleven a cabo con las garantías previstas, mientras que el Registro Civil procederá a la digitalización de aquellos documentos que sean recabados por parte de los afectados en sus denuncias. Los datos provenientes de los ficheros, del ADN y los registros servirán para realizar informes de cada caso, tarea encargada a una dirección general del Ministerio Justicia.
¿Y los casos ya archivados? Se solicitará al fiscal general del Estado que dicte una instrucción para su reapertura.
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Muy contentos
“Realmente salimos muy contentos del resultado de esta reunión, de la que ciertamente no esperábamos tanto”. Así se expresaba ayer la abogada tinerfeña Natalia Domínguez en conversación telefónica con este periódico. La letrada, que asesora a la Plataforma de afectados clínicas de toda España/Causa niños robados, fue uno de los diez representantes de las víctimas de esta trama citada ayer en el Ministerio, donde fueron recibidos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien es posterior rueda de prensa, ha dejado bien claro que la Administración no puede ser “insensible” ni “ajena” ante el “dolor” y “sufrimiento” de estas familias.
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