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Ibarra, presidente del TSJ del País Vasco: “Si se rescatan bancos, con más razón a familias desahuciadas”

EFE | Bilbao

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha dicho hoy que “si la crisis justifica el rescate supermillonario de las entidades bancarias, con mucha mayor razón debe dotar de legitimidad el rescate de las familias que pueden perder su vivienda habitual”.

Ibarra ha inaugurado hoy una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Bizkaia sobre cómo proteger a las familias que no pueden pagar sus deudas hipotecarias y pierden su vivienda.

El presidente del TSJPV ha explicado que la filosofía jurídica que se aplica en los desahucios viene desde 1360, en la época de Pedro el Cruel, cuando se “ajustaban las cuentas a los deudores o morosos de mala fe”.

Sin embargo, en la actual situación de crisis Ibarra entiende que las familias sobreendeudadas actuaron de buena fe al pedir los préstamos para comprar su vivienda. “Los afectados nunca hubieran podido prever” que la crisis les llevaría a no poder pagar su piso”, ha insistido.

Por ello, ha abogado porque los jueces, abogados, notarios registradores de la propiedad y fiscales hagan “un derecho vivo, que se adecúe a la realidad de las personas sobreendeudadas de buena fe a las que la crisis ha colocado en situaciones de extraordinaria vulnerabilidad”.

En la misma jornada, Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, ha explicado las limitaciones de la fiscalía para intervenir en los desahucios hipotecarios, ya que se dirimen derechos individuales entre el banco y un particular en los que no puede entrar.

La fiscalía se involucra, ha recordado Calparsoro, si se trata de derechos colectivos, por ejemplo, reclamaciones conjuntas sobre participaciones preferentes.

La fiscalía sí puede actuar si se trata de casos que afecten a menores, dependientes o personas desvalidas que carezcan de tutor legal, lo que ha admitido que “no es frecuente”; por eso, ha estimado que una puerta abierta a la actuación de la fiscalía en casos de desahucios podría ser si estuvieran afectados menores y se considerase que no estuviera suficientemente protegida la posición jurídica de su tutor.

“Existen fórmulas legales para que intervenga la fiscalía”, para reparar “una política de concesión de créditos por los bancos que, aunque con ánimo legítimo de enriquecimiento, no se calibró”, ha dicho Calparsoro, pero por los límites expuestos la intervención de la fiscalía requeriría “aplicar el derecho de forma imaginativa”.