EFE | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha imputado al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Blasco, en la causa que investiga la supuesta malversación de fondos públicos para ayudas a la cooperación.

Blasco ha sido citado a declarar en calidad de imputado el próximo 18 de octubre a las diez de la mañana en el TSJCV, según la providencia dictada por la magistrada instructora del caso, María Pía Calderón, hecha pública hoy.

El TSJCV se declaró competente el pasado 5 de septiembre para investigar esta causa, conocida como “caso cooperación”, en la que hay 27 personas imputadas y un empresario en prisión, y que se inició en mayo de 2011 tras una denuncia particular por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat a la cooperación internacional.

El sumario de esta causa fue remitido el pasado mes de junio al TJSCV, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 observara indicios de delito en la actuación de Blasco -aforado por su condición de diputado autonómico- durante su etapa como conseller de Solidaridad.

La acción judicial se centra en el supuesto desvío de las cantidades concedidas a determinadas ONG mediante facturas hinchadas para justificar el dinero recibido.

Entre los afectados por la supuesta malversación se encuentran diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua.

La providencia del TSJCV recuerda que las diligencias de investigación realizadas en el juzgado número 21 de Valencia le llevaron a estimar la existencia de “sólidos indicios” de participación de Blasco en la comisión de los hechos investigados.

Dichos hechos han sido inicialmente calificados como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Asimismo, se insta a comunicar la resolución personalmente a Blasco y a las partes personadas, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días sin necesidad de consignar cantidad alguna, excepción hecha de las acusaciones populares, que deberán constituir un depósito de 25 euros.