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El juez Pedraz justifica la protesta del 25S dada “la convenida decadencia de la clase política”


AGENCIAS
| Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha defendido la legitimidad de defender “opiniones subjetivas” como las planteadas en la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre denominada ante el Congreso de los Diputados “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

Para el magistrado, convocar una manifestación bajo los lemas de “rodear o permanecer de forma indefinida” frente al Congreso para exigir un proceso de destitución o dimisión del Gobierno “en modo alguno puede ser constitutivo de delito”.

Añade que dicho delito, “No sólo porque no existe sino porque en caso de sí existiera atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión”.

Santiago Pedraz abunda en esta idea al señalar: “hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política. El magistrado recuerda que la libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones y recuerda que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito.

Un argumento que considera respaldado con la actuación de la propia delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que -recuerda- “tomó conocimiento, esto es no prohibió, de lo que pretendía la convocatoria, indicando además la forma de hacerlo”.

Así, recuerda que “en ningún modo” el juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, del que es titular, “acordó” aceptar o rechazar competencia alguna respecto a los 35 detenidos por los incidentes ocurridos en la manifestación, “sencillamente porque nadie se lo ha planteado”.

Además, realiza también una serie de reproches a la Policía, a la que atribuye “excesos” en su actuación respecto a las imputaciones de los detenidos en la manifestación.

En este sentido, indica que es la Policía la que tiene que poner a los detenidos a disposición del juzgado que corresponda, teniendo en cuenta el delito cometido.

“Lógicamente, si a ninguno se le imputaba un delito competencia de la Audiencia Nacional habría de ponerlo a disposición del juzgado del lugar en que se hubiere cometido”, reitera.

Además, indica que si la unidad policial entendía que sus diligencias habían de ser asumidas por la Audiencia Nacional, “no se comprende por qué no presentó las mismas -con los detenidos- ante este tribunal y no otro.

También censura la actuación posterior de la Brigada Provincial de la Policía, que -según dice- no puede ahora imputar a 5 de los detenidos delito alguno o hacer nuevas valoraciones de los hechos ante la Audiencia Nacional, ya que los arrestados dependen exclusivamente del juzgado de instrucción de Madrid, que debe ser quien decida sobre la competencia.

“De ninguna forma, la unidad policial puede ‘sustraer’ unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial”, afirma.

El juez defiende que los detenidos no atentaron contra organismos de la nación

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha adelantado, en un auto hecho público este jueves, que los 35 detenidos en las protestas celebradas el pasado día 25 ante el Congreso de los Diputados no cometieron delito contra las altas instituciones de la nación ya que no ha quedado demostrado que intentaran penetrar en la sede parlamentaria.

El magistrado asegura en el auto en el que archiva las diligencias abiertas contra ocho imputados por promover la protesta, que “en ninguna parte de la convocatoria hecha por las plataformas se indica que se penetre en el Congreso con armas u otros instrumentos”.

Pedraz descarta también que hubiera intentos de rebasar el perímetro de seguridad para impedir a los diputados abandonar el hemiciclo o para lanzarles objetos o agredirles ya que el citado perímetro estaba “alejado de la sede” sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso.

“Puede pensarse también que solo se quisiera llegar a las puertas o simplemente ‘rodearlo’ o ‘cercarlo’ como expresaba la convocatoria”, asegura, e insiste en que las actuaciones realizadas por la policía no figura que la intención fuera “acceder” a la cámara baja.

El juez, que agrega que a ningún diputado se le impidió salir del edificio, reconoce que en la zona de las protestas se incautaron adoquines, una maceta de albañil, un cincel y pilas, entre otros objetos, pero especifica que “no por ello hay que deducir que esos instrumentos fueran destinados para ser utilizados contra la policía”.