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La Justicia isleña anula los ‘swaps’

EL DELEGADO DE AUSBANC CANARIAS JERÓNIMO BARRERA
El delegado de Ausbanc Canarias, Jerónimo Barrera. | DA

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

La lucha jurídica para revertir los nocivos efectos que para sus adquirientes han tenido productos financieros altamente especulativos como los swaps, clip, stockpymes y demás tiene en Canarias uno de sus mejores exponentes, ya que junto a Andalucía son las dos comunidades autónomas donde más victorias se logran en los juzgados, según datos facilitados ayer por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en el Archipiélago.

Sólo esta asociación presume de haber logrado ya más de 400 sentencias favorables en toda España por este tipo de productos, considerados la primera generación de tóxicos ideados por las entidades en cuanto la crisis cortó sus entonces habituales líneas de financiación.

Estas 400 sentencias han supuesto que Ausbanc haya recuperado más de 10 millones de euros para sus asociados, ya que han recuperado el dinero que tuvieron que pagar a la entidad, como consecuencia de las liquidaciones desfavorables, además de dejar de pagar futuras liquidaciones, como consecuencia de la anulación del contrato, con lo que el ahorro es muy importante. Una idea similar se transmite desde los despachos de abogados tinerfeños que se han especializado en este tipo de casos, como el de Sirvent&Granados.

Uno de sus socios, Carlos Gómez, detalla a este periódico que “en primera instancia se han ganado prácticamente todos los que hemos llevado, aunque esperaremos a que estas sentencias sean firmes”.

De cualquier modo, para Gómez “es llamativo cómo los distintos magistrados y magistradas coinciden en su línea argumental de declarar nulos los contratos y forzar el reintegro de las cantidades al entender que el consentimiento de los clientes está viciado al prestarse sin saber de qué se trata lo que compra”.

Para el delegado de Ausbanc Canarias, Jerónimo Barrera, “estas sentencias han puesto de manifiesto las artimañas utilizadas por estas entidades a la hora de colocar productos de inversión a sus clientes: mal asesoramiento, información incompleta, poca formación de la red comercializadora, clausulados oscuros y no tener en cuenta el perfil del inversor”.

En resumidas cuentas, el esquema es el siguiente: las entidades optaron por recurrir a sus clientes de toda la vida en busca de una financiación que el mercado financiero tradicional ya les negaba, por lo que iniciaron una gigantesca campaña para colocar este tipo de productos (con posterioridad fueron las llamadas participaciones preferentes) de los que ocultaban su carácter altamente especulativo. En el caso de los swaps, lo que en principio eran beneficios se tradujo en grandes pérdidas, dado que el euríbor -tomado como referencia- ha bajado a límites insospechados en 2007 (fecha de inicio de su comercialización) mientras que al menos el Índice de Precios al Consumo (IPC) remonta algo. La práctica totalidad de las sentencias entienden que los clientes no contaban con la preparación financiera suficiente para comprender la naturaleza del producto que adquirían, tan complejo que, como se demuestra en los juicios, no lo dominan ni los propios comerciales de los bancos.

Cabe recordar que se calculan en más de mil los casos de swaps en toda las Islas Canarias y en unos 25.000 en toda España, casi siempre a familias o a pequeñas y medianas empresas como víctimas.

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Individual, sí

Pero la pugna legal contra los productos tóxicos bancarios no se limitan a los swaps, clips y demás, ya que a partir de 2009 se generalizó lo que se entiende como segunda generación de productos tóxicos bancarios en España, que coinciden con los primeros en su complejidad, en la ausencia de riesgos para la entidad y en lo que tantos tribunales entienden como comercialización engañosa.

No en balde, el propio delegado de Ausbanc Canarias, Jerónimo Barrera, calcula entre 1.800 y 2.000 los millones de euros atrapados en Canarias a través de las preferentes, todo un peligro para los ahorros de muchos. Tanto en un caso como en otro, el diagnóstico por parte de Barrera es claro: “A juzgar por los resultados obtenidos por los letrados de Ausbanc, la estrategia de las demandas individuales está obteniendo excelentes resultados para los clientes.

Está claro que las demandas colectivas entorpecen la lucha en los tribunales contra este tipo de productos”. De similar opinión es el letrado tinerfeño, Carlos Gómez, para quien, “las demandas colectivas son muy interesantes… para las entidades financieras, ya que si ganan una lo ganan todo, Cada caso es distinto por los matices propios de la situación de cada afectado, por eso es mejor que el tribunal analice uno a uno”.

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La empresa pública de viviendas en Canarias pierde dos millones

Los tribunales de Justicia están dando la razón mayoritariamente a los adquirentes de productos bancarios altamente especulativos como los swaps, clips o participaciones preferentes dado que se entienden nulos los contratos por vicio en el consentimiento prestado.

Sin embargo, se trata de una apreciación de los magistrados y magistradas en cada caso, y no una norma general, ya que se aplica cuando se entiende que los que compraron estos productos tóxicos no tienen el nivel de conocimiento necesario para comprender su naturaleza.
¿Y quiénes quedan excluidos? Aquellos que, como las grandes empresas cuentan -o deberían contar- con un asesoramiento financiero de primer nivel.

Así las cosas, el hecho de que la empresa vivienda de titularidad pública Visocan tenga suscritos cinco swaps -tal y como adelantó ayer el periódico grancanario La Provincia- no aventura nada bueno sobre el destino final de esos fondos, de los que al parecer ya se han perdido más de dos millones de euros.

Según se detalla en el referido rotativo, los responsables de Visocan suscribieron hasta un total de cinco swaps, destacando que el primero se adquirió en 2004, cuando aún las entidades no habían iniciado su programa de gran comercialización hacia todo tipo de público. Lo peor para Visocan es que s e encuentra al albur de una negociación con los bancos para evitar que continúen las pérdidas, que pueden acentuarse en años siguientes.

Siendo como es el de Visocan el caso más vistoso hasta ahora conocido, cabe recordar que hay hasta populares cadenas de establecimientos entrampadas con este tipo de productos, cuyo futuro (y el de los puestos de trabajo que apareja) están hoy a expensas de la decisión que adopte el tribunal de turno.

En el anverso, también son conocidas las sentencias para evitar hasta la quiebra de una familia, como ocurrió en el caso de la de aquel funcionario público al que un juzgado tinerfeño adoptó como medida cautelar la suspensión de los pagos a la entidad mientras se instruía la causa para terminar finalmente fallando a favor de la devolución íntegra de lo aportado.

Hoy por hoy, este tipo de casos se ha convertido en habituales en la jurisdicción civil de toda España, con numerosos casos en los juzgados.