El Gobierno de Canarias decidió en su último consejo retrasar el envío al Parlamento de los presupuestos, hasta que el Estado aclare qué recursos se destinarán al Archipiélago. Se trata de una decisión anunciada por el propio presidente Rivero, perfectamente coreografiada como un plante ante el Estado y que no tiene precedente en la historia reciente del Archipiélago. Una decisión que es un envite, y como todos los envites, entraña el riesgo y el peligro de haber calculado mal. Porque -para empezar- se trata de un plante un poco raro, la verdad. Ya me dirán en que le afecta a Mariano Rajoy que Canarias no apruebe sus propios presupuestos a tiempo… Si no los aprueba habrá que prorrogar los de 2012, y el agujero en las cuentas será aún mayor. Aquí lo que de verdad se discute es quién pagará los platos rotos de esos cinco mil empleados públicos que este año van a tener que irse a la calle. El Gobierno de Canarias quiere que se sepa que se quedan sin curro porque Rajoy no pone el dinero. Y Rajoy se lava las manos diciendo que no es asunto suyo.
El objetivo de todo esta representación es colocar la pelota en el tejado de Gobierno de Rajoy, y recordarle que Canarias gestiona las competencias de Sanidad y de Educación -y otras cuantas más ya vacías de casi todo contenido- por transferencias del Estado, que es quien debe aportar los recursos para sostenerlas. Como no hay dinero, hay que recortar, y lo que el Gobierno de Canarias dice es que aquí ya no se puede recortar más, sin que los recortes afecten al empleo público y a la cobertura de servicios considerados esenciales, que afectan a la sanidad y a la enseñanza. El Gobierno dice algo más: dice que si la situación es la que es no es sólo porque falten recursos, sino porque esos recursos no llegan por una decisión política. Porque estamos siendo maltratados de una forma cainita. Porque el PP no forma parte del Gobierno regional y quiere que en Canarias se perciba lo que eso significa. Esa es la tesis del Gobierno de Coalición y del PSOE, y es una tesis que puede sostenerse no sólo porque puede que haya razones de verdad, sino porque se asienta sobre el sentimiento de victimismo con el que Coalición ha alimentado su política y su mensaje público de forma ininterrumpida durante los últimos veinte años. Pero al final, los ciudadanos pueden interpretar la decisión de no sacar los presupuestos a tiempo -incumpliendo la ley que obliga a presentarlos antes de que finalice el mes de octubre- como el reconocimiento explícito de que Canarias no es capaz de desempeñarse en su gestión, de que la autonomía no es viable. Y eso sería un mal asunto.