en la frontera - Jaime Rodríguez-Arana

La mala administración – Jaime Rodríguez-Arana

El derecho fundamental de todo ciudadano europeo recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 fue formulado para salir al paso de la denominada por el Defensor del Pueblo comunitario “mala administración pública”. Mala administración que viene caracterizando desde hace unos años a numerosas administraciones y gobiernos del área europea.

En efecto, la conformación como derecho fundamental de la buena administración pública es una relevante manera de subrayar el papel central del ciudadano en todo lo referente al manejo y conducción de los asuntos relativos al interés general. Tal derecho es configurado por la Carta Europea en atención a la equidad, a la imparcialidad, a la responsabilidad, a la transparencia y al plazo razonable en la resolución de los expedientes que componen el quehacer ordinario y cotidiano de la Administración pública. Por tanto, la administración parcial, inequitativa, opaca, irresponsable y lenta es, a tenor de lo consignado en ese precepto de la Carta, mala administración.

En España, a pesar de los pesares, a pesar del tiempo transcurrido desde la Constitución de 1978, no ha sido posible elaborar y aprobar una ley de transparencia y acceso a la información de interés general. Ahora, sin embargo, el actual Gobierno acaba de presentar en el Parlamento un proyecto de ley denominado transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Pues bien, en lo que se refiere a la mala administración económica, tras conocerse el déficit público del reino de España, es lógico que la negligencia en el manejo de los fondos públicos tenga efectos que vayan más allá de la responsabilidad política.

Que el reproche sea penal o administrativo dependerá seguramente de la relevancia y magnitud del ilícito cometido. La cuestión es que estas conductas no queden impunes y que los gestores públicos realicen su trabajo con diligencia, conscientes de que los fondos públicos son de todos los ciudadanos, no recursos económicos sin dueño o, lo que sería peor, al servicio del gobierno de turno.

La mala administración afecta también a la equidad y a la imparcialidad que debe presidir la actuación de los poderes públicos y, sobre todo, de quienes rigen sus destinos. La equidad es una propiedad del buen gobierno, de la buena administración, que supone implantar cánones de exigente justicia en la toma de decisiones. Por ejemplo, cargar la factura de la crisis económica sobre los más débiles y los más pobres es una política pública inequitativa.

En punto a la imparcialidad, el reciente caso de la exministra de Economía y las incompatibilidades refleja la gran dificultad para regular adecuadamente esta materia. Si las normas no aseguran la imparcialidad hay que cambiarlas por otras que si la preserven.

Jaime Rodríguez-Arana es CATEDRÁTICO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO / jra@udc.es