La huelga escolar canaria de los últimos días incide en la campaña de acoso y derribo a Paulino Rivero y Mariano Rajoy, desde la triple perspectiva del malestar de un alumnado -peligrosamente inmaduro-, sus padres -tal vez contradictorios, desde una grada en la que no juegan-, y el obvio malestar (todavía no manifestado expresamente: todo se andará) de un protagonístico profesorado al que le han cercenado casi todos sus atributos, y se ven obligados a trabajar acogotados por unas circunstancias (económicas, laborales, sociales) sumamente precarias, desde las cuales no pueden -en modo alguno- atender con suficiencia sus supuestas obligaciones laborales: una triple perspectiva que parece propiciar un frente común, pero que (por extraño que pueda parecer) difícilmente conseguiría una acuerdo, porque se trata de tres estamentos a los que son más cosas las que los separan que las que los unen.

En cualquiera de los casos, esta huelga discente nos vuelve a situar ante diversas cuestiones complejas: la primera de las cuales (ya lo comentaba uno en una columna anterior) pudiera ser el derecho legal de los menores de edad a convocar una huelga en un estado supuestamente democrático como este; aunque se supone que su propósito es precisamente cuestionarlo, desde cualquier perspectiva; aunque no deja de resultar contradictoriamente significativa la proyección social de las huelgas de usuarios -como esta- que se desarrollan a través del abandono -por parte de sus activistas- del servicio que tratan de mejorar: algo así como si los enfermos de la Seguridad Social hicieran unan huelga, para protestar por sus malos servicios, dejando de acudir a las consultas: piensa uno que la mejor respuesta de las huelgas de usuarios sería hacerlas a la japonesa, aunque para eso -claro está- necesitarían una sólida voluntad -de la que suelen carecer- y (sobre todo) la colaboración del estamento laboral, que no siempre tendría por qué producirse.

Tal vez lo realmente significativo de esta huelga (y posiblemente de todas las manifestaciones contestatarias que surjan) sea su desafiante decisión de plantearse la insumisión civil, con arrogante voluntad políticamente incorrecta, porque posiblemente sea la única respuesta que se le puede dar a Rajoy desde su inamovible mayoría absoluta: lo malo es que cualquier deterioro de su imagen que así se consiga remitiría a cero, con las incompatibles diferencias de quienes lo hubieran logrado.