Coincido con el Gobierno canario en la reclamación de un trato justo para la Comunidad Canaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. Defiendo la máxima unidad de la sociedad de las Islas para que el Archipiélago haga frente a decisiones que harán mucho daño a la economía, al empleo y a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Pero, al tiempo, reclamo al Ejecutivo canario una rectificación, cambios profundos en la orientación de sus políticas, volcadas en los recortes, que paralizan la economía, debilitan los servicios públicos y generan desempleo; y que estos cambios orienten las cuentas públicas de Canarias para el próximo año.

Pero vayamos primero a los Presupuestos estatales. Los PGE están mal sustentados, al basarse en unas previsiones económicas para el próximo año, con una bajada estimada del 0,5%, desmentidas por los expertos y los organismos internacionales, que la sitúan entre el -1,3% y el -1,5%; y que harán que los ingresos sean menores y los gastos mayores, por lo que introducirán más recortes en unos meses. Son, además, unos PGE profundamente antisociales, por mucho que se empeñe el ministro Montoro en falsificarlos. Castigan a la Educación, a la Sanidad, a la dependencia y a la inversión pública, clave para estimular la economía y el empleo en medio de esta profunda crisis.

Como bien señaló el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, en su intervención defendiendo la enmienda a la totalidad a los mismos, “estos Presupuestos tiene más efectos especiales que las películas de Steven Spielberg”. Y, además, como bien expuso el portavoz de NC-CC en el debate presupuestario, suponen un auténtico maltrato a Canarias.

TRANSPORTE

En ellos, se reducen las ayudas al transporte regular de viajeros por carreteras. También se retrocede en el descuento del transporte aéreo y marítimo a los residentes y en el transporte de mercancías, que afectará los distintos sectores económicos, entre ellos a una agricultura que será aún menos competitiva con las del territorio continental. Grave es, asimismo, la eliminación de ayudas al transporte a los deportistas de las Islas, medida que afecta a 15.000 canarios.

Igualmente, pese a nuestro elevado número de personas en situación de desempleo (el 33,63%, según la EPA del tercer trimestre, es decir, 378.200 personas en esa dramática situación, una buena parte de larga duración y más de 120.000 que no reciben prestación social alguna), que nos coloca a la cabeza de España y Europa, el Plan Integral de Empleo se reduce de 40 millones de euros a 10 millones. Asimismo, y por segundo año consecutivo, desaparecen los 40 millones para infraestructuras educativas que venían incluyéndose desde los años noventa.

El convenio de carreteras se reduce en un 74%, lo que supondrá la paralización de varias obras y menos actividad y miles de parados en el sector. Respecto a la pretensión de eliminar la subvención para la desalación de aguas, que ya había sido sustancialmente reducida en los últimos ejercicios presupuestarios, el Gobierno del PP ha rectificado a medias. Asegurando que, mediante una enmienda, destinará cuatro millones de euros a Canarias, cuando destina 8 millones, el doble, a Ceuta y Melilla que desala diez veces menos.

Ese maltrato permanente a las Islas se produce con gobierno de distinto signo, con el PP y con el PSOE. Como confirma el continuo incumplimiento del REF, especialmente de su artículo 96 que obliga a que Canarias se coloque en inversiones al menos en la media de las comunidades autónomas.

Lo que sucede es que ese maltrato rayano con el desprecio se recrudece ahora notablemente, en estos PGE para 2013, y además se produce en un momento económico y social gravísimo, como reflejan los índices de paro y de pobreza. A ello se añade nuestra injusta financiación (812 millones de euros anuales por debajo de la media), lo que pone en peligro las prestaciones de los servicios públicos fundamentales.

Por eso, he venido defendiendo la necesidad de un Frente Amplio, donde desde la máxima unidad institucional, partidaria, empresarial, sindical y del conjunto de la sociedad civil, se plantee un programa común de defensa de Canarias en esta coyuntura especialmente difícil.

Para enfrentarse al injusto trato del Estado y para defender otras políticas económicas, centradas en el impulso a la economía, la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos.

Decía y digo que el Gobierno canario cuenta con Nueva Canarias para la defensa de un trato justo en los Presupuestos estatales. Pero, también, dije y digo que el Ejecutivo canario debe rectificar profundamente. No se puede estar alardeando de haber aplicado disciplinadamente la política de recortes en el Archipiélago. Ni vanagloriarse de haber detraído 3.800 millones de euros de los Presupuestos en los tres últimos años. Sus consecuencias están ahí, en una sociedad cada día más empobrecida, con más paro, con peores servicios públicos y con menores esperanzas.

RECTIFICAR DESDE LAS ISLAS

Desde junio de 2011 hasta junio de 2012 se han destruido en las administraciones canarias (ayuntamientos, cabildos, universidades, Gobierno de Canarias y administración estatal) más de 14.500 empleos, según la EPA. En el caso de la Comunidad Autónoma, como mínimo unos 4.000 empleos se destruirán este año 2012, por jubilaciones no cubiertas y un número no desvelado de interinos y sustitutos que no han sido contratados este curso, así como por ERE.

El anunciado recorte de 575 millones en gastos en el presupuesto de Canarias para 2013 nos asegura nuevos recortes en el capítulo I y reducir aún más el empleo público, sobre todo donde más empleados existen: sanidad y educación. Y ello supone, además de la pérdida de empleo, deterioro en la calidad de los respectivos servicios.

Por eso, hemos señalado que en la elaboración de las cuentas públicas para Canarias de 2013, Nueva Canarias, como ya hiciera en las de 2012, seguirá defendiendo otra política económica, y que si hay que reducir el déficit no se haga sobre la base de los recortes sino sobre más ingresos.

Es preciso incrementar los ingresos de la Comunidad canaria para garantizar los servicios públicos y estimular la economía y el empleo. Para ello es imprescindible la persecución denodada del fraude fiscal y el aumento de la eficiencia de la administración. Y, asimismo, en el marco competencial de los tributos canarios, realizando modificaciones en la fiscalidad para que paguen más los que más tienen. Y revisando las bonificaciones fiscales vigentes. Por eso, coincidimos con el Gobierno canario en su justa reclamación a Madrid, de la misma manera que coincidimos con sindicatos y distintos colectivos sociales en sus movilizaciones contra los recortes y exigiendo otra salida a la crisis que favorezca el crecimiento económico, el empleo y los servicios públicos.

*DIPUTADO EN EL PARLAMENTO REGIONAL Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS