EFE | Madrid
Toda la oposición parlamentaria ha pedido esta tarde la retirada del proyecto de ley de tasas judiciales, presentado en la Cámara baja por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su afán recaudatorio y disuasorio.
Durante el debate de las enmiendas a la totalidad que han presentado PSOE, CiU, BNG, la Izquierda Plural y el PNV, los portavoces de los grupos parlamentarios han rechazado el texto del Ejecutivo porque en su opinión generará una justicia para ricos y otra para pobres y, además, limitará el acceso a la misma.
Así, el socialista Antonio Camacho ha mostrado el “frontal” desacuerdo de su grupo al texto del Gobierno porque pretende avanzar hacia una “justicia privada” a la que, ha manifestado, “los ciudadanos no podrán acceder, ya que no tendrán los recursos para ello”.
Y ha subrayado el carácter “recaudatorio” del texto del proyecto que, ha puntualizado, “pretende hacer caer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la situación de la justicia por la vía del incremento de los costes de los procedimientos”.
Por su parte, Montserrat Surroca, de Convergencia y Unió (CIU), ha dicho que su formación no es contraria a la imposición de tasas, “dada la situación de precariedad económica”, ni a la revisión de las ya existentes, pero considera “desproporcionadas y excesivas” las que contempla el proyecto del Ejecutivo.
La Izquierda Plural, a través de su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha manifestado que el Gobierno, con la presentación de este proyecto que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros, “deja en la indefensión a los ciudadanos y deja a la impunidad a los que tienen el poder”.
En los mismos términos se ha expresado Rosa Díez, líder de UPyD, que ha mencionado que esta norma recorta un servicio publico esencial ya que, en su opinión, “aquel que no tenga amplios recursos para litigar no podrá acceder a un servicio básico como la Justicia”
Diez ha destacado que las clases medias van a sufrir estas tasas “injustas y nefastas” y ha recordado que en algunas comunidades autónomas ya existen tasas judiciales, como la catalana, lo que daría pie a duplicidades.
También ha hecho hincapié en el “peligro” de la duplicidad de tasas el portavoz de Justicia del Grupo Vasco (PNV) en el Congreso, Emilio Olabarría, quien ha recordado al ministro de Justicia “que ni un solo grupo avala este proyecto de ley”.
Uno de los más críticos ha sido el diputado de Esquerra (ERC), Joan Tardá, que ha afirmado que el proyecto “garantiza a los más pudientes el uso casi exclusivo del acceso”.
Mientras que la diputada del BNG Olaia Fernández Davila ha afirmado que “incrementar el coste de acceso a la justicia no va a servir para impulsar una justicia a gil y eficaz”.