En los últimos días y sobre todo a raíz de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el nivel de tensión entre las instituciones de Canarias y el Gobierno central ha vuelto a disparase. Se suceden una tras otra las declaraciones que quieren demostrar que Canarias está siendo castigada en esta crisis por encima del sufrimiento provocado a otras regiones españolas. Javier González Ortiz, consejero de Hacienda, asegura que el Gobierno de Rajoy ha reducido la inversión estatal a la mitad en los últimos dos años; el Cabildo de Lanzarote llama a la rebelión contra Madrid por la supresión de las subvenciones al agua desalada, de las que depende el consumo humano en la isla; Obras Públicas anuncia el fin de las grandes obras en Canarias, consecuencia de un recorte del 74 por ciento en los convenios de carreteras, que Berriel piensa llevar a los tribunales; Margarita Robles denuncia una reducción del 76 por ciento en los fondos para el Plan de Empleo… Son continuos los posicionamientos contra la política de ajuste brutal del Gobierno de Rajoy, una cacofonía de ruido mediático alimentada por el eco de airadas opiniones sociales, sindicales y empresariales (impagable la del “burro al que le van quitando la paja hasta que muere”, de Fernando Fraile). Sobre las voces, el presidente Rivero insiste en presentar lo que esta pasando como una nueva demostración de que el Gobierno central -cito algunas declaraciones textuales recientes- “quiere sacar a Canarias de España”, quiere “humillar a los canarios”, “no da nada al archipiélago”… Se trata de un argumento tan falso como peligroso: Canarias no está siendo especialmente maltratada en los recortes aplicados por el Ejecutivo. No más, desde luego, que el resto de las regiones. De hecho, en la inversión directa del Estado en las comunidades, la reducción media ha sido del 16 por ciento y a Canarias se le ha aplicado el seis por ciento. A la que hay que sumar el recorte en los convenios, claro. Pero no estamos -en ningún caso- ante una política dirigida a perjudicar a Canarias: eso es sólo una construcción mental de Rivero. Estamos ante una voladura del sistema que afecta a todo el país. Al Gobierno de Canarias le preocupa su financiación, y es lógico, porque a final de mes hay que pagar los sueldos de los funcionarios y los compromisos con los contratistas y proveedores. Lo que a mí me preocupa -más que la financiación del Gobierno- es que el modelo del PP haya optado por mantenernos instalados en la recesión y se preocupe sólo de pagar la deuda. Y que en ese esfuerzo, una sociedad avanzada como la española, va a liquidarlo todo: primero la sanidad pública, luego la educación, por último las pensiones… Eso es lo que hay que intentar evitar, y para eso hace falta otra política distinta de ésta. Hay que empujar en otra dirección, lo de seguir quejándonos por el maltrato no va a resolvernos ningún problema. Funcionó cuando había un margen mayor para el reparto. Pero ahora ya no funciona.