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Pensiones> Por Alfonso González Jerez

Hace algunas semanas una información llenó de dolorido orgullo los pechos de muchos canarios -registrándose, en algunos espíritus nacionalistas e independentistas, casos aislados de patriótica hiperventilación–: Canarias, junto a Madrid y Baleares, paga el déficit de las pensiones públicas que arrojan comunidades como el País Vasco y Cataluña.
El surtido de guanajadas que se pudo leer y escuchar al respecto en las redes sociales (y en algunos periódicos y radios) ilustra muy bien que el tamaño de nuestra ignorancia compite ferozmente con las dimensiones de nuestros consoladores delirios. A nadie se le ocurrió mencionar las transferencias financieras que recibe Canarias para sostener (cada vez peor) los sistemas públicos de enseñanza o sanidad o las inversiones en infraestructuras en los últimos 20 años. Tampoco era necesario ni pertinente para entender que las dos provincias canarias figuren entre las ocho que aportan más de lo que reciben para pagar las pensiones. Porque si aportamos más de lo que recibimos es, precisamente, por nuestra estructural tasa de desempleo, una patología cronificada que en los mejores momentos de la economía isleña, allá por el año 2006, llegaba al 10% de la población activa, lo que en cualquier país civilizado se consideraría -y con razón- un escándalo política y socialmente intolerable.

En un país en el que las negativas características del mercado laboral español se ven dramáticamente acentuadas por un irregular y ahora fracturado modelo de crecimiento, basado en la construcción, la especulación inmobiliaria y el turismo, resulta puñeteramente difícil que un trabajador cubra los treinta o treinta y cinco años ininterrumpidos de cotización exigibles para recibir el 100% de la pensión a la que tienen derecho. Excluidos los funcionarios (unos 70.000 ciudadanos aproximadamente) la gran mayoría de los isleños cuentan, por tanto, con pensiones contributivas muy bajas (como media, casi unos 300 euros mensuales inferiores a las de vascos y catalanes) o se deben resignar a cobrar menesterosas pensiones no contributivas. Esta situación se agravará aun más con los años, con decenas de miles de canarios convertidos en desempleados de larga duración condenados ya a pensiones de jubilación misérrimas que ni siquiera garantizarán el pan y el agua. El saldo positivo en la contribución a la caja única de la Seguridad Social no es un índice de eficiencia y bienestar, el signo indignante de una prosperidad hurtada, sino, al contrario, un indicador tenebroso de fracaso, nuestra ruina y nuestras resignaciones.