NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
El edificio en el que se ubica la Gerencia de Urbanismo es de propiedad municipal, aunque anualmente el Ayuntamiento de Santa Cruz desembolsa más de un millón de euros por el alquiler de éste, dinero que ingresa en las cuentas de Viviendas Municipales. Al menos eso es lo que denuncia el Partido Popular de Santa Cruz a través de su concejal, Alexis Oliva, que aseguró ayer en rueda de prensa que los números de Viviendas Municipales “son un montaje contable”.
El PP acusó a la sociedad municipal de llevar más de siete años sin llevar a cabo ningún tipo de promoción de viviendas así como de tampoco dar por finalizados los procesos de rehabilitación de barrios como el de La Candelaria alegando que no hay dinero cuando la realidad, según reflejan las cuentas de 2011, “es que tenía tres millones y medio de euros depositados en cuentas bancarias”. Oliva añadió que de estos tres millones, al menos 100.000 euros fueron invertidos en activos financieros presuntamente tóxicos.
“Lo que está haciendo el Ayuntamiento es aportar fondos para mantener una estructura que no persigue los fines para los que fue creada”, continuó el edil popular que procedió a detallar algunas de las partidas que aparecen recogidas en las cuentas de 2011 y que, según Oliva, son el ejemplo de que dicha contabilidad es un artificio. “Llama mucho la atención que en los ingresos de la sociedad, 10 años después de la riada del 31 de marzo, el Ayuntamiento siga pagando a Viviendas Municipales, más de 400.000 euros al año por la gestión de los damnificados”. El PP sentenció que Viviendas Municipales, “debe ser rescatada por el Ayuntamiento para ser liquidada o transformada”.
La portavoz municipal del PP, Cristina Tavío, señaló que “hay 5.000 personas en Santa Cruz que demandan un techo y lo único que ha hecho el Ayuntamiento es convertir a Viviendas Municipales en una promotora ruinosa”.
Tavío insistió en la nefasta gestión del Ayuntamiento no sólo en lo que a Viviendas Municipales se refieres sino también en el Plan General asegurando que por culpa del retraso en este documento, “Visocan lleva siete años esperando para construir siete promociones en el en el Suroeste que supondrían unas 1.000 viviendas sociales”.
[apunte]
Martín niega que la Cotmac rechace el PGO
La rueda de prensa ofrecida ayer por el PP sirvió para que sus concejales cargaran de forma contundente contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por la gestión del Plan General de Ordenación (PGO) ante la Cotmac, a cuenta de la petición de este órgano para la subsanación de errores en la presentación del documento. En una carta dirigida al Consistorio por parte de la Cotmac, se señala que éste no es competente para la aprobación definitiva parcial tal y como ocurrió en el pleno donde se aprobó la remisión al Gobierno de Canarias del PGO. El PP incluso presentó los vídeos donde el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, aseguraba que se estaba votando precisamente lo que la carta de la Cotmac dice que no tiene capacidad de hacer.
Sin embargo, el mismo documento, que el PP entregó a los medios de comunicación, no entra a valorar la legalidad de esta medida y se limita a pedir que se remita la documentación como establece la ley. Es precisamente este argumento el que esgrime el edil de Urbanismo, asegurando que la solicitud de la Cotmac “ha sido una mera cuestión formal referida al formato en el que debe entregarse el documento tal y como se recoge en las conclusiones del informe elaborado por la Secretaría Delegada del Ayuntamiento”.
El informe al que alude Martín ha sido elaborado para ser presentado en el pleno de hoy y en él se justifica la subsanación de errores solicitado por la Cotmac. El también primer teniente de alcalde insistió en que “si el acuerdo tomado fuera ilegal la Cotmac nos hubiera devuelto el PGO directamente”.
Fue la edil popular, Ana Zurita, la que utilizó el término de “ilegal” para calificar el acuerdo tomado en el pleno de julio sobre el PGO, “los hechos nos han dado la razón porque lo que se acordó es una ilegalidad”. Sin embargo, el propio PP, a pesar de esta afirmaciones dijo “no querer judicializar la vida política” por lo que no habrá denuncia y proponen devolver el PGO al pleno.
[/apunte]