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El PP da por inevitable terminar el derribo de Cho Vito tras su realojo

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Las últimas casas de Cho Vito, pendientes de demolición. | FRAN PALLERO

EFE / V. P. | Santa Cruz de Tenerife

El PP defendió, durante la etapa en que el PSOE estuvo al frente de la Dirección General de Costas, la búsqueda de fórmulas legales para evitar que este organismo terminara de demoler las viviendas de Cho Vito, pues sostuvo que se trataba de una “arbitraria y discutible” aplicación de la Ley de Costas.

Pero, ahora que ostentan el Gobierno central y promueven una nueva reforma de esta ley, los populares canarios reconocieron ayer que el derribo de las últimas ocho casas del poblado es inevitable, porque se trata de ejecutar una sentencia firme que lo declara en dominio público. La vicesecretaria regional de Acción Sectorial del PP, Cristina Tavío, lamentó, durante una rueda de prensa, que para Cho Vito llega tarde esta reforma legal, pero instó al Ayuntamiento de Candelaria, al Cabildo y al Gobierno canario a cumplir el compromiso, adquirido en el año 2010, de realojar a los vecinos afectados, según informó Efe.

“Ninguna administración puede dejar de cumplir una sentencia, pero se puede aplazar su ejecución hasta que se resuelva la situación de las personas afectadas”, dijo en el mismo acto informativo el diputado nacional del PP Pablo Matos, quien acusó a las tres citadas administraciones de permanecer “inactivas” cuando son las que tienen las competencias para solucionar los problemas de vivienda de las nueve familias que siguen viviendo en Cho Vito a la espera de la demolición de sus casas.

Cabe recordar que representantes del Consistorio, el Cabildo, el Ejecutivo regional, así como de la Delegación del Gobierno, han mantenido en los últimos meses reuniones para abordar este realojo, la última de ellas celebradas el pasado lunes.

Ayer, en la rueda de prensa, a la que también asistió el presidente insular del partido, Manuel Domínguez, los populares señalaron que la nueva ley en trámite “evitará sucesos tan lamentables como el de Cho Vito, en el que el PP estuvo promoviendo la legalización de esas casas con las herramientas que existían en ese momento y quien gobernaba no lo quiso hacer”.

Los representantes del PP instaron al Gobierno regional a que “de una vez” realice el censo de núcleos costeros con interés etnográfico para poder concederles una “amnistía” amparada en la reforma de la Ley de Costas y no acaben con sentencias de derribo como en Cho Vito.

Matos anunció además que durante la tramitación de esta iniciativa legislativa en las Cortes, los diputados canarios del PP estudiarán los casos particulares de cada uno de los núcleos costero sobre el que haya sentencia de derribo, para intentar que puedan acogerse a alguno de los requisitos legales y sean amparados por la nueva normativa.
El derribo de la mayor parte de Cho Vito se llevó cabo en octubre de 2008, y estaba previsto desde 1998 para construir un paseo marítimo, según consta en el convenio suscrito ese año entre el Gobierno estatal (ostentado entonces por el PP) y el de Canarias para obras en el litoral.