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El PP pide al Gobierno canario el censo de núcleos costeros para amnistiarlos

EFE | Santa Cruz

El PP de Canarias instó hoy al Gobierno autonómico a que de una vez cumpla la ley y realice un censo de núcleos costeros con interés etnográfico para que pueda concedérseles una “amnistía” amparada en la reforma de la ley de Costas y no acaben con sentencias de derribo como ocurrió en el caso de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria.

Ahora que se va a tramitar en las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Ley de Costas “necesitaríamos ese censo” de edificaciones en zonas del dominio marítimo-terrestre, porque el Estado respetaría la clasificación del suelo del Gobierno de Canarias, dijo la diputada regional Cristina Tavío, quien acusó al ejecutivo de haber perdido “un tiempo precioso” desde 2009.

Tavío, que estuvo en una rueda de prensa acompañada por el diputado nacional del PP Pablo Matos y el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, lamentó que para el caso de Cho Vito sea ya tarde, porque hay una sentencia firme que obliga al derribo, pero instó al Ayuntamiento de Candelaria, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que cumplan su compromiso de 2010 de realojar a los vecinos afectados.

“Ninguna administración puede dejar de cumplir una sentencia, pero se puede aplazar su ejecución hasta que se resuelva la situación de las personas afectadas”, dijo Pablo Matos, quien acusó al Ayuntamiento de Candelaria, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias de permanecer “inactivos” cuando son los que tienen las competencias para solucionar los problemas de vivienda de los vecinos afectados.

El censo de edificaciones en núcleos costeros, previsto en la Ley canaria sobre Costas de 2009, serviría para que un caso como el de Cho Vito no se repita en el futuro y los habitantes de esas viviendas tengan seguridad jurídica.

Pablo Matos anunció que durante la tramitación parlamentaria de la reforma de Ley de Costas, los diputados del PP de Canarias van a estudiar los casos particulares de cada uno de los núcleos poblacionales costeros en las islas sobre los que hay sentencia firme de derribo, para intentar que puedan acogerse a alguno de los requisitos legales y que así queden amparados en la nueva normativa.

En esa labor las instituciones canarias “tienen mucho que decir” por ser las competentes en materia de planeamiento, dijo.

El diputado declaró que esta reforma legal pretende proteger mejor la costa, al prohibir nuevas edificaciones en el dominio público e impedir que las existentes puedan aumentar su volumen o superficie.

También manifestó que, a partir de la reforma legal, el Estado podrá suspender de forma preventiva permisos de edificaciones en caso de duda sobre su legalidad hasta que se pronuncien los tribunales.

Explicó que a partir de la nueva ley la prórroga de 30 años que se había dado en 1988 en la legislación anterior a las concesiones de viviendas, que expiraba en 2018, se extienda hasta 75 años.

El diputado del PP dijo que la reforma legal dará más seguridad jurídica, al definirse mejor los usos y reglamentación en las playas urbanas y en las naturales y se hace reglamenta la ubicación de chiringuitos por su importancia económica y de empleo.

Anunció Pablo Matos que, en el trámite parlamentario, los diputados canarios del PP quieren introducir una enmienda para que se regule el uso de las playas para actividades de ocio, deportivas y culturales que tengan relevancia turística.