EFE | Madrid
La Comisión de Justicia del Congreso aprobará el próximo miércoles el proyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, al que los grupos de la oposición han presentado más de un centenar de enmiendas parciales.
Tras el debate de las enmiendas, la comisión aprobará el texto final del proyecto, con competencia legislativa plena, por lo que las nuevas tasas judiciales, tras su paso por el Senado, podrían ser implantadas el próximo mes de noviembre, ya que el texto del Gobierno prevé la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En sus enmiendas parciales, la mayoría de los grupos parlamentarios han coincidido en solicitar, entre otras modificaciones, que se excluya de la aplicación de las tasas el orden jurisdiccional social.
Tanto el PSOE como la Izquierda Plural y UPyD creen que incluir las tasas en el orden social, ámbito en el que se resuelven los asuntos laborales o de familia, podría afectar a la constitucionalidad de la reforma.
POSIBLES EXCEPCIONES
Los socialistas piden también que la tasa no afecte ni a personas físicas ni jurídicas sin ánimo de lucro y no ven aceptable la vinculación de la tasa a la asistencia jurídica gratuita, como prevé el proyecto.
La mayoría de los grupos, en este caso también el Partido Popular, han presentado enmiendas para que el trámite del pago de la tasa pueda realizarse por el abogado o procurador, medida que ya anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que se incluiría en el proyecto durante el debate parlamentario.
En las enmiendas parciales que ha presentado el Partido Popular también se incluyen los supuestos de bonificaciones que anunció el ministro Alberto Ruiz Gallardón: de un 60% de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen procedimientos; y un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos en la presentación de escritos en los juzgados.