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¿Quién repara el daño?> Por Leopoldo Fernández

Los casos judiciales sonados, ambos de juzgados de Las Palmas, van a pasar a mejor vida varios años de investigaciones, declaraciones y diligencias. Me refiero en primer lugar al caso Calero , que implicó a 13 personas por el presunto hurto de suelo perteneciente al patrimonio municipal de Telde, sobre el que se pretendían construir 78 viviendas en la zona de El Calero. En 2009 un vecino denunció una trama según la cual un constructor y el registrador de la Propiedad se habían puesto de acuerdo con varios funcionarios municipales para sustraer al Ayuntamiento el derecho a quedarse con 3.500 de los 3.838 metros del suelo citado, como compensación por el desarrollo de la urbanización. En realidad se trataba de una interpretación torcida de la ley por parte de un técnico, como ha podido constatar la jueza que lleva el caso al decretar su sobreseimiento; dicho técnico sólo debía haber exigido al promotor el pago del exceso de aprovechamiento del solar, o sea, el valor en euros de 1.600 metros cuadrados. Pero el daño estaba hecho, y durante tres años fueron detenidos empresarios, funcionarios, exalcaldes, exconcejales, técnicos y abogados. Se pararon las obras, se anuló la reparcelación, y las intervenciones e investigaciones policiales, en algunos casos realizadas a bombo y platillo, no probaron la existencia de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o falsedad documental que se imputaba a los acusados. El segundo caso, de 2010, lo investiga la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta adjudicación fraudulenta a la empresa Lifeblood de un concurso público de 124 millones de euros para prestar los servicios de hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote. El ministerio público ha pedido a la jueza instructora el sobreseimiento provisional de la causa, pese a que por medio andan presuntos intentos de soborno y algunos asuntos rarillos: pero no parece que sean, con pruebas en la mano, de entidad suficiente para su persecución penal. Cuatro personas, entre ellas dos altos cargos de la Consejería de Sanidad, fueron investigadas por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales públicos. Si, como parece, en ambos casos todo queda en agua de borrajas, ¿quién repara el daño causado a los 17 acusados tras el calvario personal que han pasado? ¿Quién o quiénes asumen la responsabilidad de haber provocado tanto escándalo con actuaciones quizás desproporcionadas, o precipitadas, o desarrolladas sin el debido recato y la exigible discreción, policial y judicial?