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Rescate> Por Alfonso González Jerez

Desde que el pasado martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara que se pondría en marcha de manera inminente el Fondo de Liquidez Autonómica el presidente Paulino Rivero había decidido que no se podía esperar más. El Ejecutivo regional se resistía inicialmente a acudir al FLA pero la abrumadora testarudez de las deudas y las cifras han vencido -ha aplastado- cualquier reserva. El Gobierno autonómico solicitará formalmente el próximo lunes 756 millones de euros para poder afrontar los vencimientos de su deuda en el último trimestre del año (156 millones) y destinar al resto al pago de proveedores moribundos y a unas mínimas transferencias a cabildos y ayuntamientos, cuya apoplejía presupuestaria no es menor. Nada es gratis, obviamente, y las resistencias autonómicas se han centrado en las contrapartidas exigidas. Los beneficiarios de la adhesión al FLA deben suscribir y cumplir un conjunto de limitaciones y condiciones expresas: revisar su plan de ajuste para apretar aun más las tuercas al gasto corriente, reducir urgentemente el sector público, introducir más recortes en sanidad, educación y servicios sociales y someterse a un seguimiento sistemático del Ministerio de Economía en materia presupuestaria, fiscal y de gasto público. En definitiva el Gobierno central evita que te asfixies hoy a condición de que comiences a asfixiarte disciplinadamente, más y mejor, en cuanto cobres.

Algunas comunidades autonómicas han insinuado que no admitirán ser intervenidas. Cataluña o Andalucía -que hace semanas anunciaron su intención de acogerse al Fondo- pueden intentar, por su fortaleza económica o poblacional, mantener ciertos márgenes de decisión, pero me temo que Canarias no. Porque Canarias es ahora una comunidad políticamente débil. Por su limitada población, por su relativamente modesta aportación al PIB nacional, por la mayoría absoluta del PP en las Cortes en conexión con la debilidad del nacionalismo coalicionero en el poder, por una élite empresarial que rinde pleitesía al propietario del BOE y de las ayudas y subvenciones estatales, por la deficiente y apocada articulación de su sociedad civil, por el infarto económico que ha supuesto la caída brutal de la construcción. Y el Gobierno del PP se ceba en las clases sociales y en las comunidades autonómicas más débiles.
@AlfonsoGonzalezJ