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Responsabilidad compartida> Por Leopoldo Fernández

La cumbre de presidentes autonómicos ha venido a poner un punto de racionalidad en el intrincado mundo de las relaciones políticas entre el centro y la periferia española. Por una vez, los máximos responsables de las comunidades olvidaron diferencias, agravios, dificultades y penalidades para suscribir un compromiso conjunto y solidario, Y más que para consumo interno, que también -y falta hacía ante la desunión existente-, se ha hecho con miras sobre todo a los mercados internacionales, a los que se ha enviado un mensaje inequívoco de unidad y de objetivos compartidos. Entre ellos destaca el combate contra el déficit estructural como meta prioritaria de todos en el camino que lleva a la salida de la actual situación económica. Si parece injusto cargar sobre la Administración central todas las responsabilidades de la crisis -sobre todo las derivadas de las políticas de austeridad y recorte-, también lo es atribuir a las comunidades autónomas el peso exclusivo de los despilfarros y gastos desenfrenados cuando es público y notorio que, aunque existan excepciones puntuales, las deudas de las autonomías son bastante menos graves, y por tanto más asumibles, que las del Estado central. El sacrificio y la austeridad que se pide a los ciudadanos hay que empezar por aplicarlos desde arriba. Se trata de distribuir mejor las cargas entre todos los actores políticos, de predicar con el ejemplo en las instituciones -todas las instituciones sin excepción-, de asegurar la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos, de fomentar la actividad económica y la creación de empleo y de fijar unos criterios más equitativos a la hora de revisar los que hasta ahora se han aplicado para la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, como Canarias. Aunque, como ha dicho ayer mismo el presidente Mas, el reparto del déficit pueda parecer un tanto injusto por su incidencia en aspectos básicos para la cohesión social -sanidad, educación, servicios sociales-, la realidad es que el nuevo clima de lealtad institucional, de corresponsabilidad y de colaboración puede conducir a una consolidación del Estado de las Autonomías con las debidas correcciones del sistema actual, que en el caso canario pasan por el cumplimiento del REF y por la consideración de los factores de insularidad y ultraperiferia, tal y como se recoge en la Declaración final de la Conferencia de Presidentes, para evitar así los desequilibrios territoriales y los agravios comparativos. Ojalá tan buenas intenciones no sean flor de un día.