EFE / DIARIO DE AVISOS | Madrid / Santa Cruz de Tenerife

Los inmigrantes irregulares pueden suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, con una contraprestación económica de entre 710,40 euros y 1.864,80 euros anuales en función de si son mayores o menores de 65 años, pero no cubrirán los medicamentos. A la salida del Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas acordaron los requisitos básicos de esas pólizas, la consejera canaria, Brígida Mendoza, anunció la implantación de un “plan especial” para la atención de este colectivo.

Además de los ‘sin papeles’, a los que se retiró la tarjeta sanitaria el pasado 1 de septiembre, pueden suscribirlos los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran. Con ello, según explicó antes de comenzar el Consejo la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se pone fin al llamado “turismo sanitario”.

Los titulares de las pólizas podrán acceder a la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en las mismas. Se trata de un acuerdo de mínimos, según aseguró Echániz, ya que las comunidades podrán establecer una cuota mayor si así lo deciden, pero nunca menor.

Por su parte, Mendoza mostró su rechazo hacia estas medidas. “He expresado de nuevo la posición de la Consejería de Canarias en relación al mismo, en contra de las medidas que estaban estableciendo en él, y que de alguna manera gravan a los enfermos, así como a lo derivado en relación al aseguramiento a aquellas personas que quedan en situación irregular, sin tarjeta sanitaria”, aseguró.

En este sentido, la consejera expresó su posición contraria a la Orden por la que se establecen los requisitos básicos del Convenio Especial de Prestación Sanitaria para personas que no tengan la condición de asegurados ni de beneficiarios del SNS, y entre los que se encuentran los inmigrantes irregulares.

“Esa orden necesita un desarrollo un poquito mas amplio porque deja algunas cuestiones sin aclarar” criticó la grancanaria, al tiempo que anunció que Canarias está trabajando en un “plan especial para poder dar atención a todas aquellas personas que lo precisen y hacer frente a todos ellos que se quedan sin atención sanitaria”.

De este modo, insistió en que Canarias -donde los afectados superan los 40.000, tal y como acertó DIARIO DE AVISOS- “tiene muy en cuenta a todas aquellas personas a las que el SNS deja sin una tarjeta sanitaria”. “Tenemos que continuar dando atención a toda aquellas personas que en algún momento determinado necesiten asistencia sanitaria como no puede ser de otra manera”, sentenció Mendoza.

Bronca presupuestaria
La cita también sirvió para que los responsables del Gobierno presentaran a los consejeros autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas “austeras”, pero “comprometidas con las personas y las políticas sociales”, dijo Forjas, unos datos sobre los que también protestó Mendoza. La consejera denunció durante el Consejo que la “merma” en el presupuesto para Sanidad para el año 2013 “repercutirá de forma importante en todo el territorio y evidentemente en la cohesión del SNS”.

La oportunidad era propicia para que Mendoza recordase la llamada deuda histórica sanitaria: “no se puede olvidar que hay un déficit de financiación entre el año 2009 y 2012 de 1.423 millones de euros”.

“Pese a que los presupuestos estén bajando, Canarias no va a dejar de seguir reclamando esa deuda”, señaló, para añadir, por otra parte, que también ha puesto de manifiesto durante el encuentro el convencimiento de Canarias de que el sistema de financiación debe ser “finalista” en lo que a la Sanidad se refiere.

Otras resoluciones
El Consejo designó además seis vocales, en representación de las comunidades autónomas, en el Comité de Bioética, lo que ha sido criticado por la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, quien calificó de “conservadora” y “acorde con la ideología del Gobierno” la nueva composición de este órgano.

Se acordó, igualmente, el sistema de identificación clínica de los casos especiales a los que se garantiza la asistencia sanitaria pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo. Los responsables del Ministerio y de las comunidades estudiaron también el informe sanitario sobre violencia de género correspondiente a 2010. Según informó Sanidad, se trata de una iniciativa relevante, pues los profesionales sanitarios son, en muchas ocasiones, el primer punto de contacto con las mujeres que sufren este tipo de violencia, por lo que constituyen “una herramienta privilegiada” para la detección precoz y la prevención de estos casos.

El informe recoge indicadores epidemiológicos y de formación de profesionales e incluye un análisis sobre políticas públicas sanitarias.