Las trabajadoras de la ruinosa cooperativa Mararía (que prestaron sus servicios a los más necesitados de Santa Cruz durante casi tres décadas) son hoy las auténticas necesitadas. El mezquino catacrack que escondía el entorno de la gerente Priscila parece que asciende a una deuda contraída con la Seguridad Social por valor de entre tres y cuatro millones de euros. Muchas de las doscientas extrabajadoras de la cooperativa pasan hambre y piden dinero o alimentos por las calles de su municipio; y todo esto ante su propio y agónico asombro.
Mientras, el Ayuntamiento (que estaba al corriente del pago de sus dineros con Mararía) permanece boquiabierto y sin reflejos ante una situación que asegura le era desconocida, y a lo único que se atreve es a intentar llevar a cabo un subterfugio legal y rogar a la Seguridad Social que levante el embargo a Mararía (momentáneamente) para poder liquidar así los dos últimos meses a las trabajadoras, de los cinco que les adeuda en total el clan de Priscila.
Las preguntas se agolpan. ¿Cómo es posible que la Seguridad Social haya permitido contraer semejante deuda?¿Cómo el Ayuntamiento no sabía que estaba renovando contratos de facto con una empresa que se pasaba por el forro de las vergüenzas a sus trabajadoras y a la mismísima Seguridad Social?¿Cómo el Ayuntamiento (que asegura que los servicios prestados eran magníficos) tarda tanto en convocar un nuevo concurso, con una nueva empresa que subrogue al personal, que se antoja como única salida al conflicto? Lo de Mararía parece una gran golfada empresarial, donde los políticos no saben qué decir, mientras doscientas familias se levantan todos los días pensando qué demonios le van a dar ese día de comer a sus hijos.

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