El transporte marítimo entre las Islas Canarias, como el aéreo, está sometido a diversas reglas. No es un sistema libre. A cambio de asumir ciertas obligaciones en determinadas conexiones, los empresarios transportistas reciben una compensación económica de fondos públicos del Gobierno regional. Es decir, que todos los canarios pagan solidariamente parte de los billetes de aquellas líneas que no son rentables. Todo esto parte de un supuesto: que, si se dejara al libre albur del mercado, los operadores sólo competirían en líneas con una alta densidad de transporte de mercancías y pasajeros -como Tenerife-Gran Canaria- y no operarían en otras con menor volumen de negocio. El argumento es tan sólido como establecer que la luz de la nevera está apagada cuando se cierra la puerta y encendida cuando se abre. Si una isla tiene un volumen determinado de pasajeros y de mercancías que salen o entran, previsiblemente habrá alguien interesado en transportarlos. Es bastante probable que las frecuencias, el tipo de transporte o las condiciones de éste, se adecuen a las necesidades efectivas de cada línea. Ninguna empresa perdería clientes y beneficios por una mala planificación de líneas o, al contrario, perdería dinero por plantear unos medios excesivos o irrentables. Si existen dos o más competidores, cada uno intentará captar el mayor número de clientes ofreciendo horarios mejores, mayor comodidad en los desplazamientos o tarifas más competitivas. Si hay demanda, habrá oferta. Y si no hay oferta es porque no existe demanda. Cuando los sistemas son intervenidos, se distorsionan.
Los operadores se mueven por otro tipo de incentivos y responden no a las demandas reales de sus clientes, sino a los estímulos de quienes ponen el dinero: las administraciones. Y así los transportistas en las Islas no dependen exclusivamente de sus clientes, sino de quien les impone obligaciones a cambio de entregarles un dinero supuestamente seguro. La esencia del espíritu político de Canarias lleva décadas sublimando todos los aspectos de la discapacidad. Hemos transformado nuestra maravillosa diversidad geográfica, nuestra configuración de archipiélago, en una especie de maldición. Y esto lo hemos vendido hacia afuera y hacia adentro. Casi todo el sistema económico y social de las Islas se sustenta en un dédalo de ayudas e intervenciones públicas; dinero que se inyecta en múltiples planos de nuestra realidad. Los hechos son que la renta familiar de los canarios está descendiendo, el costo de la vida se ha disparado y nuestros sectores privados y públicos -salvo el turismo- son ineficientes. Y ahora, encima, se acabó el dinero para seguir pagando un mercado artificial, creado por solidaridad. Más de 30 millones debe el Gobierno a los transportistas. El infierno está empedrado de buenas intenciones.