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El TSJC anula el Plan de Recursos Humanos aprobado por el PSOE

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Los populares dicen que el alcalde no hace caso a la Justicia ni a la las recomendaciones de la oposición.| DA

JOSÉ L. CONDE | Candelaria

El portavoz del PP en Candelaria, José Fernando Gómez, pidió ayer la dimisión del alcalde, José Gumersindo García, del concejal de Personal, Francisco Pinto Ramos, y del gerente municipal, Juan José Acosta, tras dar a conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da la razón al PP y anula el Plan de Recursos Humanos que afecta a más de 150 trabajadores.

Gómez señaló durante una rueda de prensa, acompañado por el abogado Alejandro Martín, que esta sentencia es “fruto de la falta de diálogo y del consenso” que el alcalde mantiene con las diferentes fuerzas políticas y que un afán de ordeno y mando, desoye las recomendaciones del resto de los grupos, máxime cuando le advertimos que corrigiera los fallos para no saltarse la ley, algo que desoyó él y su grupo”.

El citado Plan de Recursos Humanos, aprobado en enero de 2010, es anulado ahora por el TSJC por violar los principios de igualdad, mérito y publicidad, por la realización de funciones reservadas a los funcionarios de carrera por personal de confianza y por alterar la legalidad en la transformación del personal laboral indefinido en funcionarios interinos.

El portavoz popular señala ahora que lo más importante es “velar porque todos los empleados públicos municipales garanticen su puesto de trabajo, algo que deberá hacer José Gumersindo García ya que el fallo judicial anula el acuerdo plenario y los trabajadores volverán a tener la misma situación laboral, que existía antes de la aprobación de este plan, la gran mayoría, en la actualidad en fraude de ley”.

Otro de los aspectos que resalta la sentencia es que no es lo mismo la contratación indefinida que la temporal, más cuando ninguna de las dos categorías tiene vocación de arraigo.

Este cambio implicó una modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento, ya que pasa a tener un colectivo de empleados de carácter indefinido que no accedieron al empleo público con tal finalidad y estatus.

Gómez recordó que ya en 2009 con la aprobación provisional del plan, con los únicos votos de los socialistas, se vio obligado a demandar al gobierno por la violación de derechos fundamentales al no entregar la documentación sobre el proyecto. Dos años más tarde, y con la sentencia favorable, el PP ha vuelto a presentar una querella en Güímar con el alcalde y el concejal de personal por el incumplimiento del fallo judicial.

Gómez señala que ya durante la sesión de aprobación del plan hubo nula voluntad de diálogo y consenso. “Más bien se puso de manifiesto la soberbia, la prepotencia y el desatino, con que vienen desarrollando sus funcionales el actual alcalde y su gobierno”, señaló. Gómez ha anunciado también que se reunirá con la junta de personal para intentar en la medida de lo posible buscar soluciones que den estabilidad laboral el personal”.