Canarias ha terminado pidiendo un crédito de 756 millones de euros de los fondos de liquidez autonómicos. Porque ya no hay nadie que preste un céntimo a las haciendas públicas, entre otras cosas. El dinero fluye entre los miembros del influyente club del poder: gobiernos, bancos centrales, bancas públicas y administraciones territoriales. Se ponen zancadillas, se embroncan, pero al final pertenecen a una misma familia feliz que vive de ordeñar los recursos de trabajadores y empresarios.
Entre los diez primeros países del mundo en términos de calidad de vida y prosperidad económica hay tres (Suecia, Noruega y Dinamarca) que tienen un enorme gasto público. Es decir, no es el tamaño ni el costo del sector público lo que determina el éxito de un modelo de gestión pública. Es su eficacia. En España tenemos un gasto público considerable y una ineficiencia galopante. Seis de cada diez euros se gastan en servicios sanitarios, educación y asistencia social. Y lo peor de todo es que no podemos sostener el modelo.
El sistema de pensiones se tambalea. En agosto de este año, los ingresos por cotizaciones iban mil millones por debajo del gasto en prestaciones. La caída de salarios y el aumento de desempleados producen que haya cada vez menos recursos ordinarios para mantener el sistema piramidal de asistencia a los jubilados y pensionistas. O lo que es lo mismo, el tsunami de la crisis está llegando a las últimas tierras secas del estado de bienestar. Mientras los gobiernos de todo pelaje se dedican a pelearse entre ellos por repartirse el dinero de los impuestos que nos suben, la evidencia es que si nos matan se mueren. Si la economía sigue desplomándose, la recaudación por impuestos seguirá bajando de forma irremediable.
Canarias ha logrado la proeza de estar situada entre las tres comunidades españolas con mayor tasa de riesgo de pobreza (junto a Extremadura y Ceuta) y entre las tres primeras donde es más cara la cesta de la compra (con País Vasco y Navarra). Una de las más pobres donde el costo de la vida es de los más caros. Aten esa mosca por el rabo.
Aunque parezca mentira, todavía no se ha emprendido la reforma de las administraciones públicas. No existe un proyecto político, que se conozca, para introducir en los servicios públicos criterios de eficacia, de rentabilidad y de competencia. El peso electoral de la burocracia pública hace que ningún partido quiera asumir el costo de cambiar las reglas de un sistema que funciona mal. No se trata de despidos, sino de poner en valor de rentabilidad y eficacia una administración que pagamos pero sufrimos. La fortaleza de los privilegios sigue intacta para la casta y su corte.