N. T. | Santa Cruz de Tenerife

Después de diez años, la deuda que el Ayuntamiento de Santa Cruz mantiene con los propietarios de las viviendas del barranco de Santos no deja de crecer. Si hace unas semanas se conocía que el Tribunal Supremo condenaba al Consistorio a pagar cuatro millones de euros por las expropiaciones realizadas, tras la denuncia de los afectados, ayer, el primer teniente de alcalde y también concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, daba a conocer, en respuesta a una pregunta presentada por Ana Zurita (PP) que en estos diez años, el Ayuntamiento ha estado pagando el alquiler a las personas desalojadas de sus casas por la obra del viario del barranco a razón de 30.000 euros anuales, lo que supone un monto de 300.000 euros hasta la actualidad.

Según detalló Martín, en estos últimos nueve meses se ha estado negociando con las familias la forma de asignarles las viviendas de reposición prometidas: “En un principio habíamos optado por buscar una parcela en la que construir las viviendas, pero ante la actual situación no es una operación que resulte rentable”. Las otras opciones pasan por recurrir al mercado de vivienda y bien comprar directamente los inmuebles el Ayuntamiento o bien darle el dinero a las familias para que ellas las compren directamente.

El primer teniente de alcalde aseguró que esta reposición es una prioridad y llegó a asegurar que el convenio marco que se suscribió con los vecinos se puede calificar “de robo”.

El dinero para esta operación proviene de la gestión del patrimonio público del suelo, concretamente del saldo obtenido con la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico, que asciende a fecha de hoy a 2.327.616,34 euros. Según Martín, este dinero se destinará en su integridad a los proyectos de Cuesta Piedra y a las familias del barranco de Santos, “incluso es posible que sobre dinero”.