TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Cerca de doscientos letrados tinerfeños se concentraron ayer en la capitalina plaza de San Francisco, sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en señal de protesta contra la espectacular subida de las tasas judiciales que en la actualidad se tramita en las Cortes Generales por iniciativa del ministerio. El resumen unánime recabado entre los presentes es su frontal rechazo a que esta medida consagre en España una Justicia para los ricos y otra para los pobres.
Como no podía ser de otra manera, al frente de esta histórica concentración de los abogados tinerfeños se encontraba su decano, Víctor Medina, quien no dudó en apuntar como principal efecto de la medida es que “se vuelve a la Justicia del Far West”, en referencia al Lejano Oeste estadounidense.
De la gravedad del asunto dan cuenta las manifestaciones de Medina, para el que, a partir de ahora, “se dará una serie de situaciones que ya no van a poder resolverse civilizadamente en los Tribunales, que suponen un coste que no pueden afrontar los ciudadanos”.
Como recordarán los lectores, el artículo 7 del actual proyecto de Ley determina que la tasa se calcula conforme a la suma del fijo y el variable. Los fijos varían según la jurisdicción. En civil: verbal 150 euros, ordinario 300, monitorios 100, ejecuciones y concursos 200, apelación 800, casación 1.200. En contencioso-administrativo, abreviado 200, ordinario 350; en laboral, suplicación laboral 500 y casación laboral 750. El Penal está exento.
A ello hay que sumarle la variable, tanto en cada instancia como en cada actuación. Se calcula en un 0,5% de la cuantía procesal hasta un millón y a partir de un millón de cuantía procesal el 0,25% de la misma (con el límite de 10.000 euros por instancia).
Medina: “Habrá casos que ya no se resolverán civilizadamente en los tribunales”
Cuestionado acerca de la filosofía del proyecto es disuadir a quienes soliciten indemnizaciones millonarias, Medina replicó que a su juicio “la filosofía de la norma es impedir que se acuda a los tribunales. Se les ha ocurrido esta medida para evitar el colapso actual y financiarse, pero es un paso atrás importantísimo”. En resumen, el decano de los abogados tinerfeños entiende que “no se puede grabar un bien tan esencial como la Justicia”.
Entre los presentes estaban abogados de mucho fuste en nuestros juzgados y algunos muy conocidos tras su paso por la política. Así, la socialista Sandra Rodríguez coincidió en que la nueva norma “va a suponer que la mayoría de la población no pueda acceder a la Justicia, porque la mayoría de la sociedad no cumple los requisitos de la Justicia gratuita pero tampoco tienen dinero para pagar este tipo de tasas. Se dará la circunstancia de que al perder en Primera Instancia por el motivo que sea uno se vea sin dinero para recurrir. Es un problema serio, porque la brecha entre los que tienen y los que no cada vez será mayor, porque los ricos podrán gastar en recursos hasta para obstaculizar. En definitiva, una Justicia para ricos y otra para pobres”.
También hizo acto de presencia el que fue presidente del PP en Tenerife y fundador de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, quien no dudó en señalar que “esta subida de tasas es inconstitucional porque va contra la tutela judicial efectiva. Es un despropósito que consagra una Justicia para ricos y otra para pobres”.
Según el Consejo General de la Abogacía, más de 12.000 abogados pidieron ayer en toda España la retirada del proyecto de ley del ministerio en actos que, como el tinerfeño, tuvieron lugar frente a las sedes judiciales, y que en Madrid contó con la presencia de su presidente, Carlos Carnicer, y el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.