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Un año de fraude y desesperanza> Por Ana Oramas

El próximo martes, día 20 de noviembre, se cumple el primer aniversario de la incontestable victoria electoral de Mariano Rajoy. Aunque parezca mentira, solo ha transcurrido un año desde que los populares accedieron a la Moncloa con la esperanza de que con ellos retornaría la confianza perdida y que sus políticas incentivarían la economía española y crearía empleo.

Lejos de conseguir la confianza que prometieron que rescatarían del naufragio provocado por la crisis, los populares cerrarán su primer año en la Moncloa con casi medio millón más de desempleados que en 2011 y con una caída en picado de todos los indicadores económicos. ¿Y Canarias? Los Presupuestos de 2013 contemplan más de 1.000 millones de euros menos que las últimas cuentas aprobadas por el anterior gobierno socialista.

El desvío del déficit en más de tres puntos en las cuentas de 2011, con un cuantioso coste para las arcas públicas, ha sido el salvavidas al que ha recurrido insistentemente el PP durante su primer año en la presidencia, pero su oleada de reformas, casi una cada viernes, no ha servido para contener la sangría de las cuentas públicas y sus propuestas para incentivar el mercado laboral se ha traducido en más paro y en una frenética sucesión de expedientes de regulación de empleo en el sector público y privado.

Cuando Rajoy tomó posesión, el número de parados en España era de 5.273.600 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Una cifra que no ha parado de crecer hasta alcanzar los 5.778.500 hombres y mujeres que carecen de empleo. Con casi medio millón más de personas más sin un puesto de trabajo, se han incrementado los niveles de pobreza y las administraciones públicas se han visto obligadas a asumir un mayor gasto social para atender a los más de ocho millones de ciudadanos que se han visto forzados a recurrir a los servicios sociales municipales para recibir apoyo.

Un análisis somero de este primer año arroja un aumento del paro, un descenso de todos los indicadores, la credibilidad de la economía española sigue por los suelos, y a todo ello se han sumado medidas que prometieron que nunca harían como el incremento de los impuestos, entre ellos el IVA, además de cruzar determinadas líneas rojas como el copago de los medicamentos, el hachazo a las prestaciones por desempleo y los fuertes ajustes en materia educativa y sanitaria. Un año en el que el programa del PP ha quedado reducido a la nada y los ciudadanos han sido simples testigos de un fraude electoral masivo que ha desencadenado dos huelgas generales, miles de manifestaciones y una contestación social sin precedentes.

Canarias ha sido en este primer año de la era Rajoy una de las comunidades más castigadas. La supresión de la bonificación de las tasas aéreas provocará que pasemos de una cifra histórica en la llegada de turistas en 2011 a una caída que se situará por encima de los dos dígitos porcentuales.

No ha habido ni un solo departamento que se haya escapado de la tijera que ha aplicado el Partido Popular en las Islas. Todos los convenios han perdido la inmensa mayoría de sus partidas -carreteras, convenios hidráulicos, puertos, aeropuertos, infraestructuras turísticas, etcétera- y los ajustes han llegado incluso a proyectos que parecían intocables como la subvención para la desalación de agua o las ayudas para el transporte aéreo y marítimo para los residentes o las que percibían los deportistas para sus desplazamientos.

Muchas han sido las políticas aprobadas por el Gobierno del Estado que han causado una profunda frustración en Canarias, como el hecho de que el Ministerio de Fomento haya rescatado 15 años después el certificado de residente, pero la palma se la lleva el rescate de las prospecciones petrolíferas por parte del ministro José Manuel Soria. Una medida que se ha ido fraguando en los pasillos del ministerio sin luz ni taquígrafos para no despertar el malestar que llevó a miles de personas a expresar su rechazo a las mismas en las calles de todas las Islas, pero especialmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

¿Y qué han hecho los representantes canarios del PP? Pese al chaparrón de críticas vertidas por parte de todos los sectores económicos y por los colectivos sociales, los nueve diputados y los ocho senadores canarios han cerrado filas con su jefe en Canarias, José Manuel Soria, y con Mariano Rajoy y, paradójicamente, han optado por no rendir cuentas ante quienes depositaron su confianza en ellos para que representasen sus intereses en las Cortes.

El saldo de sus 12 primeros meses en la capital es cero ya que no han logrado que el Gobierno del Estado materialice ninguna de las promesas que realizaron en la campaña electoral. Ni siquiera han conseguido que se recojan las especificidades de Canarias en la reforma de la Ley de Costas que pronto se tramitará en las Cortes. Y ello ha provocado desalojos como el que hemos vivido esta semana en Cho Vito.

Los fuertes recortes aprobados en Madrid afectarán en cadena a las comunidades autónomas, los cabildos insulares y los ayuntamientos. Ninguna administración se salvará de una quema que nos retrotraerá en el tiempo en la calidad de los servicios públicos.

Hoy somos más pobres que hace un año, hay casi medio millón de personas más en el paro y los organismos internacionales señalan que en 2013 el panorama será mucho peor que este año. No veremos la luz hasta 2014, pero cuando lo hagamos las cifras serán tan dramáticas que la salida del túnel se producirá después de un infierno para muchas personas y familias.

Ha sido un año de fraude y desesperanza. Un año en el que hemos vivido situaciones dramáticas impensables hace tan solo un lustro. Situaciones que se alargarán si no hay un giro en la errónea política de austeridad que está poniendo en jaque los servicios públicos y que está alargando la agonía a una economía a la que le costará mucho recuperar las constantes vitales y salir de la UVI. El Partido Popular, por su parte, una vez agotada la excusa de la herencia de los socialistas, se enfrentarán a partir de ahora a la responsabilidad de tener que asumir las consecuencias de sus propias políticas.