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Un año terrible – Por Román Rodríguez

Se cumplió esta semana el primer aniversario de la victoria del PP en las elecciones generales del 20-N, que le otorgó a los conservadores españoles una cómoda mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Cimentada más en el hundimiento del partido PSOE, del que los socialdemócratas aún no han logrado recuperarse -como muestran las encuestas y distintas elecciones autonómicas-, que en su crecimiento en votos respecto a los anteriores comicios.

El balance de entonces a hoy es tremendamente negativo. El del Gobierno que más ha incumplido sus compromisos electorales; el del Ejecutivo que no ha hecho nada de lo que dijo y que, por el contrario, no dijo nada de lo que ha hecho. El del Gobierno que ha contribuido con sus desacertadas medidas económicas a que hoy tengamos una sociedad más injusta y menos cohesionada; y, asimismo, a que se hayan incrementado las tensiones territoriales.

La realidad del Estado español un año después de aquellos comicios adelantados por Zapatero está marcada por una profundización en la crisis económica y por su cara más visible y dolorosa: 800.000 desempleados más, incremento significativo de la pobreza, multiplicación de los desahucios, quiebra y privatización de los servicios públicos…

Las políticas del Gobierno de Rajoy, en buena medida continuistas con las de la última etapa de Zapatero, tras el giro neoliberal iniciado por este en mayo de 2010, y la conjunta reforma de la Constitución del verano de 2011 (que establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta), han insistido en la austeridad como dogma. Por iniciativa propia y por imposiciones exteriores, especialmente de Alemania. Sin conseguir, por cierto, bajar los intereses especulativos de la deuda: la prima de riesgo sigue en niveles muy altos.

Sus resultados son terribles. Una economía cada vez más deprimida que, en 2013, según los organismos internacionales y los expertos, se contraerá en un 1,5%. Una inflación al alza, en buena medida por sus subidas de impuestos. Un desempleo que camina sin freno hacia los 6 millones de personas, cifra que puede alcanzarse en la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del próximo año, a lo que ha ayudado su agresiva reforma laboral, que facilita enormemente el despido y elimina derechos laborales.

Además, muchas de sus medidas contribuyen a una mayor retracción del consumo, como ocurre con las subidas del IVA (que negaron reiteradamente que realizarían antes de su llegada al poder, realizando denuncias y activas campañas cuando los socialistas tomaron una medida similar), los incrementos del IRPF o la supresión de la paga extra de Navidad a los trabajadores públicos. Lejos de los brotes verdes que anuncian algunos de los ministros, el paro crece y la pobreza aumenta entre capas cada vez más amplias de la población, de manera significativa entre los menores, en un retroceso que está produciendo una verdadera brecha social de consecuencias impredecibles.

Servicios públicos

Las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del PP han impactado muy negativamente en los servicios públicos.

En la Sanidad, sometida a continuos recortes y que pierde su carácter universal y gratuita, al negarse a los inmigrantes sin papeles y al implantarse el copago, mientras crece paralelamente el sector privado y los seguros. Avanzando hacia un sistema dual en el que tendrán acceso a numerosas prestaciones solo aquellos que lo puedan pagar.

En la Educación, también a la baja en los presupuestos. Con el incremento de tasas universitarias y la paralela congelación o bajada de las becas. Con la disminución de plantillas docentes y el aumento de ratios. Con una verdadera contrarreforma en marcha, a través de la LOMCE, que plantea un sistema segregador y clasista, que elimina la democracia en los centros educativos y reduce el papel de las comunidades autónomas.

En la condena a muerte de la Ley de la Dependencia, a la que se han sustraído casi 500 millones de euros entre los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y las cuentas públicas de 2013, pendientes aún de definitiva aprobación. Condenando a las personas afectadas y a sus familias, así como destruyendo un interesante sector para el empleo.

Y, asimismo, en la Justicia. Recuperan la cadena perpetua, en el país europeo con más porcentaje de presos y con más dureza en las penas que se imponen; cargándose el principio de rehabilitación que inspira nuestro sistema penal.

Pretenden modificar la ley del aborto, limitando la capacidad de decisión de las mujeres, volviendo al viejo sistema de supuestos, cuando el modelo de plazos da muchas más garantías. Y, ahora, con la implantación del copago, limitando gravemente el acceso a la Justicia de la gente con menos recursos económicos.

Centralismo

Además, el Gobierno del PP se ha caracterizado por su centralismo. Por sus ataques a la autonomía municipal. Con la ley de pagos a proveedores y, especialmente, con ese anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración local que quita competencias a los ayuntamientos, limitando sus funciones y prestaciones.

Similar trato han recibido las comunidades autónomas. A las que injustamente se ha tratado de responsabilizar del endeudamiento, cuando las comunidades autónomas, que son las que desarrollan la mayoría del gasto público (educación, sanidad, servicios sociales…), duplicando casi al del Estado, han generado seis veces menos deuda que el Gobierno central. Igual sucede con el techo del déficit, dando mucho más margen al Estado que a las autonomías.

Y si grave son sus derivas centralistas, no lo son menos sus pésimas actitudes y decisiones respecto a Canarias.

Con un enorme desprecio hacia nuestras instituciones, como ha ocurrido con las prospecciones petrolíferas o con su trato al Ejecutivo canario. Con distintas medidas que perjudican sensiblemente al Archipiélago, desde la subida de las tasas aeroportuarias a la eliminación de las primas a las renovables. Y culminando su maltrato con unos PGE para 2013 claramente lesivos para Canarias, con la disminución de las partidas para desalación de aguas y las enormes reducciones en partidas como las del Plan de Empleo, plan de carreteras o transportes.

El aniversario de la victoria del PP del 20-N confirma que sus políticas nos acercan aún más al abismo. Que España está hoy más empobrecida y que se acentúan las diferencias sociales. Que, asimismo, el PP ha entrado en una peligrosa deriva antiautonomista que está amplificando y complicando los problemas territoriales. Que, en definitiva, los que hace un año se presentaron como solución se han convertido en un enorme problema.

*DIPUTADO EN EL PARLAMENTO AUTÓNOMO Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS