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La Audiencia de Cuentas pide cerrar empresas públicas locales inoperativas

EFE |Santa Cruz de Tenerife

Los ayuntamientos y cabildos canarios cuentan con 118 empresas públicas con una plantilla de 6.453 personas y un valor en activos de 700 millones de euros, según un informe de 2010 de la Audiencia de Cuentas de Canarias, cuyo presidente en funciones, José Carlos Naranjo, pidió hoy la liquidación y cierre de las que han estado inactivas por mucho tiempo y la reordenación del resto.

Naranjo expuso ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias este informe sobre las empresas públicas de las administraciones locales junto con otros seis, referidos al patrimonio de suelo municipal -que en general no está inventariado por los propios ayuntamientos propietarios- y a las universidades canarias, que en el caso de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria ha derivado en la apertura de un expediente por indicios de responsabilidad contable entre contratos de servicios externos.

Los informes presentados en la cámara incluyen además un análisis de la gestión de la sanidad canaria entre 2004 y 2007 en el que se constataba que la satisfacción de los usuarios no había mejorado en ese periodo pese al incremento en el gasto público, entre otras consideraciones.

La Audiencia de Cuentas sugiere en su informe sobre la sanidad que se dé más autonomía a los facultativos de atención primaria a la hora de decidir sobre la necesidad de realizar pruebas diagnósticas, para evitar dilaciones y perjuicios a los usuarios por visitas innecesarias a los especialistas.

En cuanto a las empresas públicas controladas por las administraciones públicas locales, de las 118 existentes en 2010 once estaban en proceso de disolución, 32 tenían problemas para pagar deudas a corto plazo y 39 tenían problemas de tesorería.

“Deben iniciarse los trámites de disolución y liquidación de las empresas públicas que hayan permanecido inoperativas durante largo tiempo y es necesario un análisis de reestructuración del sector público empresarial de cada entidad local” para reducir costes y optimizar recursos, según ha concluido la Audiencia de Cuentas.

En cuanto al suelo público en manos de los ayuntamientos, un informe que corresponde a los ejercicios de 2008 y 2009, la Audiencia ha concluido que no sólo no hubo una mejora en su gestión, sino que en algunos aspectos ha empeorado, expuso Naranjo.

“Existe una ausencia generalizada de inventarios del suelo público y en el caso de que cuenten con ellos presentan falta de coordinación y homogeneidad”, de manera que los propios ayuntamientos propietarios muchas veces no saben con cuanto suelo público cuentan ni su valoración, explicó Naranjo.

Naranjo presentó ante la comisión tres informes de fiscalización sobre las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria entre 2008 y 2009, centros académicos que en general comparten las mismas deficiencias, entre ellas la falta de personal suficiente para la intervención presupuestaria (una persona en la ULPGC y cuatro en la ULL) y la creciente dependencia financiera de la comunidad autónoma (en torno al 70 por ciento de sus presupuestos) por no potenciar suficientemente la obtención de recursos propios.

En el caso de la ULPGC, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas está examinando indicios de posible responsabilidad contable en tres contratos de adjudicación externa de servicios de limpieza, jardinería y seguridad sin cumplir los requisitos. EFE