La serenidad de su familia abrió un extraño paréntesis de calma en medio del dolor, la indignación y el miedo de los ciudadanos de a pie y la falta de información objetiva y convincente y las responsabilidades técnicas y políticas por el suceso de Madrid Arena.

Belén Langdon Real (1995-2012), la sexta de una familia de siete hermanos vinculada al Opus Dei, fue la cuarta víctima por aplastamiento, en la avalancha registrada la noche de Halloween en un recinto municipal que, según una denuncia de Urbanismo y avanzan las investigaciones, padece graves carencias. Las amigas que hicieron guardia en el Hospital 12 de Octubre, se culpan de insistir a la joven para que asistiera a la fiesta que acabó en tragedia. Sin embargo, sus padres y hermanos – separados en los últimos tiempos por el trabajo del cabeza de familia, arquitecto de profesión – aceptaron, seguro que por sus convicciones cristianas, “que le había llegado su hora”, y autorizaron, según había dicho siempre Belén, la donación de sus órganos. Una colega, que profesa esa obediencia, expresó su comprensión de la actitud familiar, “porque creemos en la esperanza” pero también exigió que la investigación judicial, a cargo del juez decano de Madrid, aclarara realmente lo ocurrido y depurara las culpas administrativas y penales, “caiga quien caiga”.

Me lo cuenta en un café matinal y, con amplia información, actualizada al minuto, porque su sobrina favorita también acudió al maldito sarao, cuya asistencia duplicó el número de entradas vendidas, con un servicio de seguridad ridículo frente a los montados para reprimir protestas, manifestaciones y concentraciones de los indignados en distintas ciudades españolas. Pese a las dudas generalizadas sobre sentencias y actuaciones del poder judicial, en este caso confiamos en la valentía y honestidad del juez decano José Luis González Armengol, que tiene como línea básica de su investigación “la superación o no del aforo correspondiente”. Hasta ahora, todos los testigos, cuya opinión ha sido difundida por los medios, confirman ese punto, y la comparecencia de la alcaldesa Ana Botella y su equipo de colaboradores, lejos de sosegar, sembró nuevas dudas que aumentan día a día. Solo quedó clara la amenaza solemne de prohibir macrofiestas en las instalaciones municipales. Un exceso, porque las fiestas -que los jóvenes piden y defienden-no son el problema sino la garantía de la seguridad en los recintos públicos, una competencia más antigua e importante que la pulsión limitadora de la señora de José María Aznar.