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Brídiga Mendoza anuncia próximas medidas para atender a los excluidos de la sanidad

EFE | Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, anunció hoy que en próximas fechas hará públicas las medidas que va a aplicar su departamento para que las personas sin recursos excluidas de la sanidad pública, en particular los extranjeros sin papeles.

La consejera, que compareció en comisión parlamentaria, no dio detalles de esas fórmulas de atención sanitaria que está preparando la Consejería, pero garantizó que estarán dentro de la legalidad y “de la lealtad institucional”.

La normativa estatal va a dar la posibilidad de que las personas excluidas de la sanidad pública por el decreto del Gobierno central de abril de este año puedan ser atendidas previa firma de un convenio con la Seguridad Social con un coste mínimo de 710 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864 euros para los mayores de esa edad.

Pero la mayoría de los excluidos sanitarios no tienen recursos para suscribir esos convenios, de manera que la consejera se comprometió a dar una respuesta a para que nadie se quede sin asistencia sanitaria en las islas.

“Canarias no dejará de dar atención a personas con necesidad de asistencia sanitaria”, insistió la consejera, quien denunció que la comunidad autónoma tiene ahora que arreglar lo que el Gobierno de España rechaza, una asistencia sanitaria universal e igualitaria.

Para la consejera de sanidad, la política sanitaria del PP “afecta a los que no tienen nada y a los más desfavorecidos” , en este caso a 152.000 personas excluidas de la asistencia sanitaria en toda España por no estar inscritas como residentes legales.

Brígida Mendoza recordó que ese decreto está pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ya que fue recurrido por las comunidades de Asturias y Andalucía.

En el colectivo excluido, advirtió la consejera, hay pacientes con patologías crónicas, así como enfermos leves que por no recibir atención pueden acabar en los servicios de urgencia y hospitalizados, lo que finalmente aumentaría no sólo el riesgo para su salud, sino el coste para el sistema.

También alertó de la posibilidad de que personas que adquieran enfermedades contagiosas no sean tratadas e infecten a todo su entorno, transformándose su exclusión del sistema en un problema de salud pública.

La diputada del PP Mercedes Roldós acusó a la consejera de “insumisión” a la normativa básica del Estado y advirtió de que “es de obligado cumplimiento”.

“No le queda otra que asumir la legislación del Estado, lo demás son discursos y palabrerías”, afirmó Roldós, quien recomendó a la consejera que haga como los gobiernos de Galicia y Castilla y León, que han regulado la asistencia sanitaria a los excluidos por el real decreto.

La diputada del grupo nacionalista María del Mar Julios afirmó que el PP va a pasar a la historia por desmantelar el Sistema Nacional de Salud y por acabar con la cobertura universal de la sanidad pública al eliminar de las prestaciones precisamente a quienes están en situación de exclusión social.

No se trata sólo de defender la asistencia universal por razones de cohesión y de justicia social, sino también por criterios de salud pública y de costes, porque no tratar a las personas cuando están enfermas se traduce en mayores gastos más adelante.

El precio del seguro público que se ha establecido “es una vergüenza y una hipocresía”, porque es más caro que los privados y porque muy pocos tienen recursos para pagarlo, además de demostrar “una insensibilidad profunda” por parte del PP.

“Esto no obedece ni a la crisis económica ni a la búsqueda de eficiencia, sino al interés de transformar las necesidades de salud en un negocio lucrativo en manos de unos pocos”, aseguró Julios.

Jesús Morera, del PSOE, denunció que para el PP la sanidad ya no es ni universal ni pública ni gratuita, puesto que le ha puesto precio inasumible para la mayoría de los excluidos sanitarios.