La Comisión Europea, en un informe sobre competitividad de los países de la Unión, ha advertido que lo de España es de coña marinera y que el peso de la burocracia ahoga cualquier tipo de iniciativa. Se han quedado calvos, las criaturas. Aquí hay gente que lleva años clamando contra la disparidad de criterios entre distintas administraciones públicas; contra el desmedido peso de una legislación prolija, detallista, interventora hasta la náusea y a veces incomprensible o contra unos servicios públicos altamente politizados y asfixiados por una burocracia que sólo se escucha a sí misma. Pero nadie ha sido capaz de afrontar una simplificación del galimatías público. Cualquier reflexión crítica sobre la ineficacia de las administraciones se interpreta como un ataque a un sistema de privilegios intocable. Cargos públicos y burocracia se defienden ferozmente ante cualquier proceso de reformas. Los partidos políticos están habitados por un gran número de funcionarios y sus intereses electorales les desaconsejan molestar a más de tres millones de votantes y sus familias.
El presidente de los agricultores, Henry Sicilia, contaba el otro día que el Gobierno ha establecido las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras, que deberán disponer de, al menos, 750 centímetros cuadrados de superficie de jaula por gallina. Miles de jaulas tuvieron que ser cambiadas por el nuevo sistema. Las viejas se revendieron a Marruecos, para que, desde allí, las gallinas ponedoras que no tienen la suerte de tener gobierno omnicomprensivo nos hagan la competencia. Desde los huevos al número de peines en un hotel, la expansión de la creatividad reglamentaria de las administraciones no conoce límite. En España, donde se tarda 116 días de media para obtener una licencia de explotación (un tiempo récord que se encuentra a la triste cabeza de la Unión Europea), las administraciones no se imponen ningún plazo para contestar a los ciudadanos, no se obligan al pago de sus deudas y, entre otras ventajas, pueden embargar a cualquier contribuyente que les deba dinero aunque ellas, a su vez, le deban a él otra cantidad. La burocracia nos come por los pies. Se protege. Se defiende con uñas y dientes. Se reclama como única tenedora en propiedad del Estado del Bienestar (cuando en realidad es de todos los ciudadanos que lo pagan) y probablemente salga a reivindicar su supervivencia a la cabeza de las manifestaciones. Es lo que toca en un país donde existe tanto humor subyacente que en las redes sociales se puede leer estos días: “España es tan surrealista que el rey tiene un barco llamado Bribón, el mayor banquero se apellida Botín, la ministra de Sanidad, Mato, y la que permite fiestas juveniles, Botella”. Gracioso. Sí. Pero antes nos moriremos de hambre que de risa.