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El Cabildo reclama al Estado que sea más flexible en los desahucios

jose antonio valbuena
El consejero del área de Vivienda, José Antonio Valbuena. | DA

JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha elaborado una propuesta con algunas sugerencias con el fin de flexibilizar los procesos de desahucios en residencias habituales. El documento, elaborado por el área de Vivienda, tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno insular y por el pleno, para luego ser elevado al Ejecutivo central. La idea es ampliar los requisitos fijados por el Gobierno de Rajoy estos días, con el fin de que el número de beneficiarios de estas medidas sea mayor, explicó ayer en rueda de prensa el consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda, José Antonio Valbuena. Para ello, ante la actual coyuntura económica, solicita que la normativa se ajuste a la situación de los ciudadanos y que se modifique el actual marco normativo que regula el mercado hipotecario.

Valbuena insistió en que con estas sugerencias se pretende evitar que se repitan situaciones como las vividas en los últimos días, y puntualizó que “son las administraciones públicas las que tienen que resolver estos problemas”. Añadió que en estos momentos en el país hay 1,8 millones de personas afectadas por los desahucios y dos millones de viviendas vacías. Del mismo modo, recordó que entre 2006 y 2011 se han producido 400.000 desahucios en el país, aunque , “no todos sobre viviendas habituales, ya que entre estos se encuentran promotores que no lograron vender las casas, que han pasado a los bancos”.

Valbuena recordó que el acceso a la vivienda, al ser un derecho fundamental de las personas, debe inspirar una socialización del marco normativo que lo regule. La ley hipotecaria y su reglamento de desarrollo “son un claro ejemplo de un marco legal que no contempla una socialización de la misma, como se está poniendo de manifiesto en los casos de desahucios”.

Entre las 28 medidas que forman parte de la propuesta del Cabildo se encuentra, por ejemplo, ampliar el plazo de ejecución de estas medidas a todo el contexto de la crisis económica, y no durante dos años, como recoge el real decreto ley.

Además, se propone que la definición del umbral de exclusión, que regula los supuestos en que una persona puede ser beneficiaria, debe recoger todas aquellas situaciones de forma que una persona con el simple hecho de reunir alguna de ellas ya tendría derecho a un trato diferenciado y no se exija cumplir con todos los requisitos. También se propone que, cuando la cantidad adeudada sea inferior al 40% del valor de tasación de la vivienda, no se pueda llevar a cabo ningún tipo de embargo sobre la propiedad en cuestión.

[apunte]Algunos cambios
Tope. Se establece como tope del porcentaje que supone la cuota hipotecaria sobre los ingresos de la familia el 60%; se propone rebajar ese nivel al 50% que se considera como tope adecuado respecto al esfuerzo que debe suponer el pago de una hipoteca.

Obligación. Es necesario, para una mayor efectividad de las medidas, que estas sean de carácter obligatorio para todas aquellas entidades financieras que hayan acudido al rescate.

Precio máximo de compra. Se propone un nuevo modelo que se adapte mejor a la realidad territorial de las Islas, estableciendo un límite que tenga en cuenta el precio medio de las viviendas definido por el año y municipio en el que se suscribe la hipoteca.

Deuda menor del 40%. Se propone que, cuando la cantidad adeuda sea inferior al 40% del valor de tasación de la vivienda, entendiendo por valor de tasación aquel que sirvió de base para la firma del crédito hipotecario, no se pueda llevar a cabo ningún tipo de embargo sobre la vivienda.[/apunte]