sanidad>

Canarias ha recibido 24 alertas de seguridad alimentaria este año

jg alertas de seguridad alimentaria y salud publica.JPG
Salud Pública tiene acceso a las alertas nacionales a través del sistema Alcón y del Sciri. | JAVIER GANIVET

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Como puerta de entrada a la Unión Europea, Canarias es uno de los territorios continentales con más tráfico de mercancías al año. Esto la sitúa en el epicentro de una incesante actividad comercial, difícil de controlar. No en vano, apenas se revisa entre un 5 y un 10% de lo que entra diariamente por los puertos y aeropuertos del Archipiélago. Este complejo cribaje, no obstante, tiene una alta fiabilidad, especialmente en lo que se refiere a los productos alimenticios. De su regulación se ocupa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), que en cada región cuenta con los llamados Puntos de Contacto Nacionales, encargados de transmitir las alertas e instrucciones necesarias para minimizar los riesgos que pueden generar las mercancías contaminadas.

En Canarias, en los dos últimos años se han generado 58 alertas por productos sospechosos, la mayor parte de ellas de bajo riesgo -niveles 3 y 4-. De ellas, 23 se han contabilizado este año, donde además se abrió un expediente de información por riesgo biológico, de tipo 1, por una carne picada afectada por salmonela que llegó del Reino Unido.

Según explica a este periódico el jefe de sección de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, Tomás González Iglesias, la mayoría de estas alertas “no suponen un riesgo inminente para la población, y en la mayor parte de los casos se activan sólo para informar de la existencia del problema en un país o territorio europeo”.
“El actual sistema ha mejorado mucho en los últimos años, especialmente a raíz de episodios como el de los productos lácteos afectados por dioxinas o el de las vacas locas”, subraya Tomás González, que deja claro que “España es uno de los países europeos más avanzados en esta materia”, ya que desde hace dos décadas cuenta con un exhaustivo registro sanitario que permite saber dónde se produce, importa o exporta una mercancía.

Desde el año 2002, la UE cuenta con el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha homogeneizado las acciones de detección de mercancías sospechosas en toda Europa. Dicho sistema permite a los productores, fabricantes y autoridades seguir la pista de los productos desde su origen hasta que llegan al consumidor, lo que hace que incluso se puedan recuperar, por medio de códigos, la historia, utilización y localización de cualquier alimento que entra o sale del continente.

En las Islas, cada área de salud cuenta con un servicio propio de inspección, y en toda Canarias hay cerca de un centenar de personas dedicadas a la seguridad alimentaria. La mayoría son veterinarios y farmacéuticos con una alta cualificación. “Con la llegada de Internet, en 2008 se creó el sistema Alcón, que permite visualizar la información y las alertas desde cualquier lugar, ya que permite navegar por la propia red y estar conectado en todo momento a través del correo electrónico”, denota el jefe de sección de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública.

Hasta el 15 de noviembre se habían generado en España un total de 3.139 alertas. Una de las más significativas, que también afectó al Archipiélago, fue la provocada por la detección de una hormona, la melatonina, en complementos alimenticios procedentes de Estados Unidos. “No fue un riesgo grave, porque en sí la melatonina se emplea como regulador del sueño, pero no puede emplearse como aditivo de un alimento”, recalca Tomás González. En este y otros casos, como el expediente que se abrió por la presencia de un plaguicida en unas lentejas orgánicas, la actuación fue inmediata. La inspección se dirige al establecimiento, se inmoviliza el producto y se ordena la retirada de lo vendido.

[apunte]El efecto de las ‘vacas locas’
Para evitar alarmas injustificadas en la población, la mayor parte de las alertas no se hacen públicas, excepto cuando se estima que puede haber un riesgo grave. Por ejemplo, lo que pasó en 2010 en Alemania con los pepinos contaminados. “Es necesario distinguir entre alerta y alarma”, aclara Tomás González, quien expone que “lo que ocurrió con las vacas locas hizo mucho daño al sector ganadero, porque el motivo real del miedo había pasado hacía años”.

“Los propios establecimientos son los primeros interesados en actuar rápido”, aclara González Iglesias, quien reconoce que “no todo lo que entra en Europa se notifica, aunque nosotros siempre podemos consultar la base de datos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)”. “En la mayor parte de los casos es la Administración la que genera mayor desconfianza, cuando en realidad es la primera interesada en acabar con el problema”, subraya el experto sanitario.[/apunte]

[apunte]“Los guachinches deben cumplir la normativa higiénico-sanitaria, como bares y restaurantes”

En medio de la polémica por la compleja regulación de los guachinches, el responsable de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, Tomás González, deja claro que “las condiciones higiénico-sanitarias de estos establecimientos deben ser las mismas que cualquier otro bar o restaurante”. “Otra cosa son las pautas administrativas de inscripción o su regulación, pero aun así los guachinches deberían estar incluidos en los registros autonómicos”, denota.

En este sentido, Tomás González deja claro que “deben cumplir la normativa de manipulación y conservación de los alimentos”. “No se suelen inspeccionar, porque la mayoría no están notificados ni dados de alta, porque sólo abren dos o tres meses al año”. “Pero si un inspector levanta acta, las sanciones serán igual de graves que para cualquier otro establecimiento de restauración”, recalca el jefe de sección de Seguridad Alimentaria de la Consejería, que reconoce que en los últimos dos años se han producido muchas bajas entre el comercio minorista de alimentos. “Con la crisis han aumentado el número de establecimientos que se dan de alta, pero cuando va la inspección, ya no están o han cambiado de nombre”, puntualiza Tomás González. Su unidad también ha constatado un aumento en el número de personas que están elaborando productos en sus domicilios, para venta a particulares o en mercadillos. “La normativa es muy clara al respecto, y da igual que sea un individuo o una gran empresa. La inspección debe tener libre acceso a la zona de elaboración de alimentos, y esa zona debe estar delimitada y separada del domicilio o la vivienda. Si no, será sancionado”, concluye. [/apunte]