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Casi nada> Por Alfonso González Jerez

El decreto ley del Gobierno español para afrontar los desahucios por impago hipotecario parece redactado por el equipo médico habitual de Emilio Botín o en la tienda en la que compra las corbatas José Ignacio Goirigolzarri. Las condiciones para entrar en el reino mágico de la moratoria – con fecha de caducidad a los dos años – son tan disparatadamente restrictivas que limitan con la arbitrariedad. Tal y como ha señalado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a modo de ejemplo, el decreto exceptúa del desahucio a una familia sin ingresos que un hijo de tres años, pero no a otra en situación familiar con dos hijos de cuatro. Lo mismo podría indicarse en las condiciones y porcentajes que se establecen en materia de discapacidad, porcentaje de la hipoteca sobre ingresos netos o que éstos no superen, entre todos los miembros de la unidad familiar, los 1.597 euros mensuales.

Por cierto, de los autónomos no dice el texto del decreto ni una palabra, pese a existir numerosos casos en el país de trabajadores autónomos a los que las administraciones públicas deben decenas de miles de euros y que se ven abocados a abandonar su vivienda porque lo poco que cobran lo dedican a alimentar a sus hijos y a abonar los impuestos.
La angustiosa situación de miles de familias españolas por la pérdida de su vivienda residencial es una atalaya muy útil para iluminar dos fenómenos. El primero apunta a la finiquitación de la autonomía de lo político: las presiones de la banca y las exigencias de Bruselas y del Banco Central Europeo son las que han parido un decreto que próximo a la insignificancia en términos sociales y, a buen seguro, tales presiones y exigencias supondrán una forma de persuasión contundente a la hora de abordar las reformas necesarias en la ley hipotecaria y/o la ley de Enjuiciamiento Civil.

Una cosa es ceder soberanía; otra muy distinta cederla para que cualquier soberanía se convierta en una quimera. Y lo segundo es la asombrosa miopía de los supuestamente realistas, aquellos que entiende que no caben excepciones a delincuentes o irresponsables que no saben pagar sus deudas, una actitud que no solamente demuestra una repulsiva falta de empatía hacia tus conciudadanos, sino una ignorancia supina del altísimo precio económico que supone para un país la ruptura de la cohesión social y el hundimiento de sus clases medias hasta la miseria, la desesperación y la ruina de sus hijos y sus nietos.